Denis Muñoz 
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión ha emitido un dictamen favorable para crear la Ley de Energía Nuclear en El Salvador, la cual regulará todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida del combustible nuclear.
Este marco legal tiene como objetivo fomentar el uso pacífico de la tecnología nuclear, con miras a impulsar el avance científico, económico y social del país. La implementación de la energía nuclear permitiría una producción energética constante, las 24 horas del día, a precios estables y más bajos, sin depender de fluctuaciones geopolíticas ni del precio del petróleo, según lo expuesto por el presidente de CEL, Daniel Alejandro Álvarez.
La energía nuclear se presenta como una alternativa ecológica, ya que reduciría las emisiones contaminantes. Además, la construcción de reactores conllevaría un desarrollo profesional en el sector, con ingenieros ya capacitándose en construcción e inspección de plantas nucleares, así como operadores especializados. Para ejecutar este proyecto, es esencial contar con un marco jurídico que regule las instalaciones y actividades nucleares, asegurando la protección de la salud, seguridad y bienestar de las personas y del medio ambiente.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas tendrá la tarea de definir exclusiones y aplicar sanciones en la ley. También se establecerán obligaciones para garantizar la cobertura de daños mediante seguros o garantías financieras por parte de quienes obtengan licencias nucleares. Un Registro Nacional de Fuentes de Radiación y un Sistema Nacional de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares también serán implementados.
Los principios para la aplicación de la ley aseguran que la tecnología nuclear se usará exclusivamente con fines pacíficos, alineada con los acuerdos internacionales de seguridad radiológica. Las actividades nucleares deberán cumplir con los estándares de protección del bienestar de la población y el medio ambiente.
En caso de incidentes nucleares, los operadores de instalaciones serán responsables de compensar adecuadamente a las víctimas y remediar los daños ambientales, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por El Salvador. El Estado también adoptará procedimientos seguros para la gestión a largo plazo de desechos radiactivos, incluyendo su almacenamiento y disposición final.
El gobierno garantizará la transparencia en todas las operaciones nucleares, promoviendo una comunicación abierta y efectiva con el público, además de adoptar medidas continuas para proteger al medio ambiente y a la población contra los riesgos de las radiaciones ionizantes.
