Denis Muñoz La Corte Suprema de EE.UU. rechazó este viernes la apelación del gobierno de Donald Trump para reanudar las deportaciones de un grupo de venezolanos en Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión mantiene una suspensión temporal ordenada por un tribunal inferior en abril, evitando la expulsión inmediata de 176 migrantes acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
El alto tribunal devolvió el caso a una corte de apelaciones para que analice cuestiones legales clave, como la validez del uso de esta ley y los plazos de notificación a los afectados. Dos jueces conservadores, Samuel Alito y Clarence Thomas, votaron en contra de la medida, mostrando su disidencia públicamente.
La administración Trump argumentó que los venezolanos detenidos en el centro Bluebonnet representaban un riesgo «especialmente peligroso» y que su detención prolongada era insostenible. Sin embargo, la Corte consideró necesario revisar los fundamentos legales antes de permitir las deportaciones.
Este fallo representa un revés para la estrategia de Trump de acelerar expulsiones sin pasar por revisiones judiciales habituales. No obstante, la batalla legal continúa en varios tribunales federales, donde se debate la legalidad de invocar esta ley de 1798 en contextos migratorios actuales.
La decisión, aunque temporal, refleja las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en materia migratoria, marcando un precedente sobre los límites de la autoridad presidencial en deportaciones expeditas.
