La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de El Salvador ha dado un paso decisivo para modernizar el sistema financiero del país. Dictaminaron a favor de la Ley de Bancos de Inversión, una iniciativa que busca atraer capital sofisticado y posicionar a la nación centroamericana como un destino clave para la inversión. Esta normativa crearía un marco legal especializado para entidades que ofrezcan servicios de alto valor a inversionistas.
La nueva ley está diseñada para los llamados Inversionistas Sofisticados, un grupo selecto de personas y empresas con amplios conocimientos financieros. Estos inversionistas deben contar con un patrimonio de al menos US$250,000 en activos líquidos. La regulación busca ofrecerles un ambiente transparente, confiable y ágil para sus operaciones, contribuyendo así al desarrollo económico de El Salvador.

La regulación de estas entidades estará a cargo de dos instituciones clave: el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). El BCR se encargará de establecer las normativas técnicas y legales para la operación de los bancos de inversión. Por su parte, la SSF será el ente supervisor directo, encargado de autorizar su creación, fiscalizar su funcionamiento y sancionar cualquier infracción a la ley.
Marta Solís, asesora del Ministerio de Economía, explicó que la iniciativa es fundamental para modernizar el sistema y ofrecer servicios diferenciados. Destacó que estas entidades podrán diseñar esquemas de financiamiento complejos, como bonos, para proyectos de infraestructura, energía o desarrollo urbano. Esto permitirá una mayor operatividad y dinamismo en la economía salvadoreña.
El diputado Edgardo Mulato respaldó la propuesta, señalando que acelerará la dinámica comercial, industrial y tecnológica del país. Según Mulato, la ley llena un vacío en el sistema financiero actual, que aunque cuenta con bancos y cooperativas, carece de una regulación específica para la banca de inversión. Esta iniciativa abre las puertas a una nueva era de desarrollo.
Una de las características más innovadoras de esta ley es la inclusión de operaciones con Bitcoin y activos digitales. Las entidades de banca de inversión podrán funcionar como proveedores de servicios, emisores y proveedores de servicios Bitcoin. Esto consolida la visión de El Salvador de ser un líder en la adopción de tecnologías financieras de vanguardia, creando un marco regulado para estas operaciones.

La normativa busca establecer un equilibrio entre la flexibilidad para operar y la supervisión rigurosa para proteger a los inversionistas. Las instituciones reguladoras, BCR y SSF, trabajarán en conjunto para actualizar cada dos años los requisitos financieros mínimos exigidos. Este enfoque garantiza que la ley se mantenga relevante y efectiva en un mercado financiero en constante evolución.
