
A partir de esta semana, el proceso de solicitud y renovación de la visa de turismo (B1/B2) hacia Estados Unidos se vuelve significativamente más costoso, ascendiendo a un total de US$435. Este incremento, impulsado por una nueva ley fiscal de la administración del presidente Donald Trump, se implementa con una importante incógnita económica y logística: aún no se sabe cómo se cobrarán los US$250 adicionales.
El costo base de la tarifa consular se mantiene en US$185, pero la nueva disposición agrega un cargo de US$250. Aunque este nuevo cobro es ley de Estado y se hará efectivo a partir de mañana, la embajada no ha detallado el proceso.
El asesor migratorio, Oscar Díaz, enfatizó que la principal preocupación para los solicitantes y para la industria es la falta de claridad sobre la liquidación del cargo adicional, que representa un aumento del 135% en el costo final del trámite.

«De momento estamos a la espera de que digan cómo se va a pagar, que una vez a mí me aprueben la visa, cómo voy a pagar esos 250 dólares,» señaló Díaz.
Esta ambigüedad genera un problema de gestión financiera para los salvadoreños, quienes necesitan saber si el pago se hará directamente en la cita consular, en una institución bancaria designada, o mediante un mecanismo digital tras la aprobación.
El nuevo cargo, que técnicamente es un impuesto a los viajeros, busca que los solicitantes hagan un «buen uso» de la visa, disuadiendo el sobreuso o el trabajo no permitido en EE. UU., comportamientos que representan un costo fiscal para el gobierno estadounidense.
Sin embargo, esta barrera económica se suma a las dificultades que ya enfrentan los solicitantes salvadoreños. El Salvador posee una de las tasas de aprobación más bajas de Latinoamérica (cercana o inferior al 50%), principalmente porque muchos solicitantes no logran demostrar el «arraigo» económico (activos o empleos estables) necesario para convencer al oficial consular de su intención de retornar.