Redacción Dinero.com.sv 
La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de reformar la Ley de Presupuesto 2025 con el fin de reforzar las asignaciones presupuestarias de diversas instituciones del Sector Público No Financiero con recursos por un total de $359,930,000.
Según la propuesta, durante la ejecución del ejercicio fiscal 2025, varias instituciones han enfrentado necesidades adicionales de funcionamiento que no estaban contempladas en el presupuesto aprobado en diciembre de 2024, por lo que se requiere dotarlas de fondos para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.
El monto se distribuirá entre 15 entidades como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con US$116 millones; Seguridad Pública y Justicia que recibiría $48,5 millones; otros $37,47 millones para el Ministerio de Defensa Nacional, US$38,73 millones para Salud y US$16,1 millones para Gobernación.
De la misma manera, se destinarán US$1,100,000 para el Ministerio de Trabajo, US$3,800,000 para el Ministerio de Cultura y otros US$20,000,000 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mientras que al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte se le asignan US$57,500,000 y US$4,130,000 para el Ministerio de Turismo.
Las asignaciones también cubrirán necesidades de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral con un monto de US$700,000, Relaciones Exteriores con fondos por US$2,500,000. Además, se incorporarán $11,400,000 para la Fiscalía General, US$1,300,000 para la Procuraduría General de la República y US$700,000 para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para conocer más detalles de la propuesta, los diputados de la comisión recibieron en la mesa de trabajo a Laura Arce, subdirectora general del Presupuesto, quien explicó que el origen de los fondos proviene de excedentes tributarios registrados hasta octubre de 2025, gracias al Plan Antievasión, facturación electrónica y mayor dinamismo económico. De este excedente se incorporarán un total de US$209,930,000.
Asimismo, señaló que el restante, equivalente a US$150,000,000, proviene del endeudamiento interno mediante colocación de títulos valores en el mercado nacional bajo autorizaciones legislativas otorgadas en 2024 y 2025.
“Es importante aclarar que, debido a la ejecución de programas y proyectos, esas son necesidades que han surgido y que no estaban contempladas en el presupuesto de 2024”, expiró la funcionaria.
Utilización de los recursos
Los fondos se distribuirán en sectores clave como Educación, Seguridad y Salud. En el ámbito educativo se invertirá en tecnología para mejorar los aprendizajes relacionados con la Ley Crecer Juntos. En Salud, los recursos se enfocarán en ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos, con un énfasis en prevención de enfermedades.
En el caso de la Defensa Nacional, se fortalecerá la capacidad operativa en zonas vulnerables y se apoyará el Plan de Control Territorial, mientras que el sector de Seguridad destinará recursos para fortalecer la seguridad pública, la eficacia de las fuerzas policiales y la ciberseguridad.
Además, se destinará una parte de los fondos a Obras Públicas para continuar avanzando en proyectos de infraestructura para mejorar la movilidad y logística.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR) recibirán fondos para mejorar la justicia y la defensa de los derechos humanos.
Finalmente, se asignan recursos a Turismo y Relaciones Exteriores. El primero buscará posicionar a El Salvador como destino internacional mediante la organización de eventos; el segundo fortalecerá la presencia diplomática y la cooperación internacional del país, consolidando su liderazgo global.
