
El Salvador enfrenta un incremento significativo en los aranceles aplicados por Estados Unidos a sus exportaciones, pasando de prácticamente 0 % en enero a 11 % a partir del 7 de agosto de 2025, de acuerdo con datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La gráfica revela que, si bien el país no se encuentra entre los más afectados de la región, el aumento representa un cambio importante para el sector exportador salvadoreño, especialmente considerando que Estados Unidos es su principal socio comercial.

El nuevo arancel coloca a El Salvador por encima de naciones como México (9 %), Colombia (8 %), Chile (7 %) y Panamá (9 %). Sin embargo, aún se mantiene por debajo de otros países de la región que enfrentan tarifas más altas, como Brasil (33 %), Uruguay (20 %) y Nicaragua (18 %).
Sin embargo, este escenario está por cambiar. Hace pocos días, Estados Unidos y El Salvador alcanzaron un acuerdo comercial que contempla la reducción gradual de estos aranceles, lo que representa un alivio para el sector exportador nacional y abre una ventana de oportunidad para fortalecer la presencia salvadoreña en el mercado estadounidense.

Durante una entrevista brindada, la ministra de Economía, María Luisa Hayem destacó que este acuerdo tendrá un impacto directo en el dinamismo económico del país. “La disminución de aranceles impulsará nuestras exportaciones, aumentará la competitividad y permitirá que más empresas salvadoreñas puedan entrar o crecer en el mercado de Estados Unidos”, afirmó.
El pacto llega en un momento clave, pues Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de El Salvador. La combinación del acuerdo y las condiciones actuales de seguridad y estabilidad económica podría traducirse en un incremento de la inversión, mayor producción y nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Aunque la CEPAL advierte que los cambios recientes en la política arancelaria estadounidense afectan a toda la región, El Salvador se posiciona ahora con una ventaja estratégica tras la negociación, que podría reducir significativamente el impacto que inicialmente se proyectaba para 2025.
