
El Gobierno de México anunció que iniciará un procedimiento legal contra Ticketmaster México por presuntas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS, mientras prepara sanciones contra plataformas de reventa por prácticas consideradas abusivas. La decisión surge tras una ola de quejas de consumidores por falta de transparencia, fallas en el proceso de compra y precios inflados en el mercado secundario.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrió un proceso por posibles infracciones a la ley, al detectar inconsistencias en la información proporcionada durante la venta de entradas. Además, las autoridades también actuarán contra sitios de reventa como StubHub y Viagogo, señalados por permitir la especulación y la comercialización de boletos a precios excesivos.
El fenómeno se desató tras el anuncio de la gira mundial Arirang 2026 del grupo surcoreano BTS, que incluye tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. La demanda fue masiva: más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para intentar adquirir entradas, que se agotaron en poco más de media hora. La alta demanda provocó frustración entre los fans y denuncias sobre fallas en la preventa y la venta general.

Ante el impacto del fenómeno, Sheinbaum señaló que se comunicó con la empresa promotora OCESA para explorar la posibilidad de añadir nuevas fechas, pero recibió como respuesta que no había disponibilidad adicional. La mandataria explicó que la popularidad del grupo entre la juventud mexicana es tan alta que la oferta actual resulta insuficiente para cubrir el interés de los fans.
En un gesto inusual, la presidenta también envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitando apoyo para que BTS considere ofrecer más conciertos en México. La acción refleja la magnitud del fenómeno cultural y el impacto social que el grupo tiene en el país.
La polémica se intensificó por la reventa de boletos a precios extremadamente altos, con reportes de entradas revendidas por hasta 9.000 dólares. Este escenario llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia del mercado secundario, argumentando que estas prácticas afectan el derecho de los consumidores y fomentan la especulación.

Profeco afirmó que el caso servirá como precedente para fortalecer la regulación de plataformas de venta y reventa de boletos, con el objetivo de garantizar procesos transparentes y proteger a los usuarios. Las investigaciones en curso podrían derivar en multas, sanciones administrativas y nuevas reglas para la industria del entretenimiento en México.
El episodio ha puesto en el centro del debate la falta de controles en la venta de boletos para eventos masivos, el papel de las plataformas digitales y la necesidad de mecanismos más estrictos para evitar abusos en un mercado cada vez más dominado por la demanda digital y la especulación.
