Redacción Dinero.com.sv 
El Gobierno de El Salvador ha colocado US$1,700 millones en créditos habitacionales en los últimos seis años, beneficiando a más de 50,000 familias, afirmó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo del Caribe (CAF). La funcionaria subrayó que el financiamiento ha sido clave para ampliar el acceso a vivienda propia y que el principal reto ahora es conseguir más fondos para construir proyectos de interés social.
Vivienda como política económica y social
Durante su intervención, Sol explicó que la vivienda debe entenderse no solo como una política social, sino también como una política económica y urbana, cuando se articula con financiamiento, planificación territorial y participación del sector privado. Según la ministra, el acceso a vivienda impulsa la economía, genera empleo en la construcción y dinamiza sectores como comercio y servicios.
Programas de crédito con condiciones preferenciales
La funcionaria detalló que, tras identificar que muchas familias no podían pagar una prima inicial pero sí una cuota mensual, el Gobierno diseñó programas de crédito social con cero prima y tasas de interés del 4%. Este esquema buscó incluir a hogares de bajos ingresos y con alta presencia de empleo informal, tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal.
Sol aseguró que los niveles de mora en estos créditos se mantienen bajos, lo que refleja (según dijo) la capacidad de pago y responsabilidad de los beneficiarios. “Son el sector más responsable que hemos conocido”, afirmó, al destacar que el modelo puede ampliarse si se cuenta con mayor financiamiento.
El reto: más financiamiento para construir proyectos
Aunque los créditos han permitido que miles de familias accedan a vivienda, la ministra enfatizó que el desafío actual es financiar la construcción de más proyectos de interés social. Indicó que ya existe coordinación con la empresa privada en permisos y desarrollo de proyectos, pero se requieren recursos adicionales para ampliar la oferta de comunidades habitacionales y productos ajustados al ingreso de las familias.
Visión regional sobre vivienda y financiamiento
En el panel también participaron autoridades y líderes regionales como Anacláudia Rossbach, secretaria ejecutiva de ONU-Habitat; Tamara Paseyro, ministra de Vivienda de Uruguay; y Juan José Ayerza, CEO de TECHO. Rossbach advirtió que la brecha entre ingresos y costos de vivienda obliga a repensar los esquemas de financiamiento y a considerar subsidios de largo plazo, especialmente para los segmentos más vulnerables.
La representante de ONU-Habitat también destacó que el suelo es uno de los componentes más costosos de la vivienda, lo que vuelve crucial la planificación urbana y las políticas de gestión del suelo.
Por su parte, Ayerza señaló que las políticas públicas deben reconocer la vivienda progresiva y acompañar la autoconstrucción con instrumentos financieros y asistencia técnica. Paseyro enfatizó la necesidad de políticas integrales, vinculadas al ordenamiento territorial y la participación de múltiples actores para ampliar el impacto de los programas habitacionales.
Seguridad y expansión de programas
Sol agregó que la mejora en los niveles de seguridad ha permitido al Estado intervenir comunidades con mayor alcance institucional, facilitando la implementación de proyectos de vivienda y programas de financiamiento en territorios que antes eran de difícil acceso.
Coincidencias del panel
El panel concluyó con consenso sobre la importancia de combinar financiamiento, planificación urbana y coordinación entre sectores público, privado y social para ampliar la vivienda formal y reducir el crecimiento de la informalidad, un desafío común en América Latina y el Caribe.
En síntesis, los US$1,700 millones colocados en créditos habitacionales representan uno de los principales esfuerzos de financiamiento de vivienda en El Salvador, pero expertos y autoridades coinciden en que el desafío ahora es movilizar más recursos para ampliar la oferta de vivienda digna en la región.
