
La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de su Comisión Política, planteó como parte del proceso de ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución la modificación de la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de permitir que menores de edad que cometan delitos graves puedan recibir prisión perpetua.
La propuesta, impulsada por el Gobierno y expuesta por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, contempla cambios a los artículos 8, 9 y 15 de dicha normativa. En concreto, busca que adolescentes que incurran en delitos como homicidio, violación o terrorismo enfrenten penas de por vida, equiparando estos castigos con los establecidos para adultos en casos de alta gravedad.
Este planteamiento representa un giro significativo en el sistema de justicia juvenil, que actualmente establece sanciones diferenciadas y con límites de tiempo, bajo un enfoque orientado a la rehabilitación y reinserción social. De aprobarse la reforma, ese principio se modificaría en los casos más extremos, priorizando sanciones más severas.
Durante el estudio de estas reformas, también participó el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, quien respaldó la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar vacíos que permitan a los responsables evadir la justicia.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, afirmó que la armonización de las leyes secundarias con la reforma constitucional marcará un cambio importante en el país, al endurecer las penas contra delitos graves y garantizar justicia para las víctimas.
Además de la Ley Penal Juvenil, el Ejecutivo ha solicitado reformas a otras normativas clave. Entre ellas, el Código Penal, donde se busca que delitos como homicidio en sus distintas modalidades y la violación sean castigados con prisión de por vida. También se plantea modificar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, con el fin de endurecer las penas contra integrantes de estructuras criminales y reforzar la definición de organizaciones terroristas.
Asimismo, se contemplan cambios a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, para que delitos como el feminicidio y el feminicidio agravado pasen a ser sancionados con cadena perpetua, aumentando significativamente las penas actuales.

Según las autoridades, estas medidas forman parte de una estrategia integral de seguridad que busca consolidar los avances obtenidos en la reducción de la criminalidad y fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial.
El proceso legislativo continúa en análisis. Para las próximas sesiones, la Comisión Política ha convocado al fiscal general, Rodolfo Delgado, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, con el fin de profundizar en los alcances e implicaciones de estas reformas.
De concretarse, los cambios representarían una transformación relevante en el sistema penal salvadoreño, al establecer la prisión perpetua como castigo para delitos de extrema gravedad, incluyendo aquellos cometidos por menores de edad.
