
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar la Ley General de Electricidad, con el objetivo principal de crear un mercado minorista de energía que regule las transacciones de generación distribuida y complemente al mercado mayorista. La decisión aún debe pasar a sesión plenaria de la Asamblea para su aprobación definitiva.
Las enmiendas buscan establecer reglas claras para la generación distribuida, es decir, la energía producida por pequeños generadores conectados a las redes de distribución, como la energía solar, permitiendo que los usuarios finales puedan beneficiarse con tarifas eléctricas más bajas. Actualmente, los precios se determinan mediante contratos bilaterales entre generadores y distribuidoras, lo que ha generado vacíos regulatorios que esta reforma busca corregir.
Según explicó Daniel Álvarez, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, la generación distribuida en el país ha crecido hasta alcanzar 553 megavatios instalados, sin contar con un marco regulatorio integral. Las reformas permitirán medir con precisión la energía generada e inyectada a la red, y trasladar correctamente los costos a la tarifa eléctrica. Por ejemplo, generar energía con diésel puede costar alrededor de $100 por megavatio, mientras que con energía solar el costo ronda los $50, lo que se traduce en un ahorro para los usuarios si se incrementa el uso de fuentes renovables.

Además, la iniciativa incorpora medidas para fortalecer la supervisión técnica y operativa del sistema eléctrico, incluyendo:
- Regulación de los procesos de interconexión y acceso a la red.
- Seguimiento y trazabilidad de proyectos, ante el creciente interés de inversionistas en energías renovables.
- Estudios técnicos obligatorios para garantizar que la red pueda integrar nuevos proyectos.
- Monitoreo y control en tiempo real de las plantas de generación distribuida.
- Integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas reforzará su rol como autoridad para autorizar interconexiones, definir cargos asociados y realizar estudios sobre la capacidad máxima de integración de generación distribuida. Asimismo, las empresas distribuidoras tendrán la obligación de reportar información periódica sobre los procesos de interconexión y facilitar datos técnicos que permitan la planificación eficiente del sistema eléctrico.
Estas reformas también buscan reducir la dependencia de hidrocarburos, promoviendo fuentes de energía más limpias y económicas, como la solar, beneficiando tanto a los usuarios como al desarrollo sostenible del país.
