Alejandra Ortiz La decisión del Gobierno de EE.UU. de revocar la licencia de Chevron para operar en Venezuela supone un golpe para la producción petrolera del país sudamericano. La petrolera estadounidense, que desde 2022 operaba bajo una licencia especial otorgada por la administración Biden, deberá cesar sus actividades en un mes, en lugar de los seis meses habituales.
Chevron había contribuido significativamente a la reactivación del sector, permitiendo que Venezuela superara en febrero de este año el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde 2019, según datos de la OPEP. Su salida podría dificultar la estabilidad de la producción y reducir la disponibilidad de divisas para el Gobierno venezolano.
La empresa era la única gran petrolera estadounidense con operaciones en Venezuela y mantenía una asociación clave con PDVSA. En conjunto, ambas compañías lograron una producción superior a los 200.000 bpd en 2024, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS).
La medida se da en medio de una fuerte presión de legisladores republicanos de Florida, quienes argumentaron que la presencia de Chevron en Venezuela beneficiaba económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro. Desde este estado, que alberga a una gran comunidad venezolana, se insistió en que la licencia debía ser revocada para evitar que el régimen obtuviera ingresos en dólares.
A corto plazo, la salida de Chevron plantea incertidumbre sobre la capacidad de Venezuela para sostener su recuperación petrolera sin la participación de socios internacionales. Aunque PDVSA mantiene acuerdos con empresas de otros países, la pérdida de una compañía con la experiencia y los recursos de Chevron podría afectar el desempeño del sector.
