Redacción Dinero.com.sv 
El Gobierno de Colombia ordenó el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en varias cárceles del país, comenzando por el centro penitenciario de Cómbita, como parte de una ofensiva urgente contra las redes de extorsión y estafas que operan desde prisión. La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, tras denuncias públicas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre llamadas fraudulentas originadas desde territorio colombiano.
El ministro explicó que la decisión busca cerrar uno de los principales canales utilizados por estructuras criminales para cometer delitos a distancia. Según Idárraga, el uso de celulares dentro de las cárceles ha permitido que organizaciones delictivas mantengan operaciones activas, afectando a víctimas tanto en Colombia como en otros países de la región. “No podemos permitir que la extorsión desde prisión se normalice ni que se exporte a otros países”, afirmó.
La estrategia no se limitará a Cómbita. El Ministerio de Justicia confirmó que el bloqueo de señal también se implementará en otros centros penitenciarios como Valledupar y La Dorada, y que el proceso se extenderá progresivamente a más establecimientos. La instrucción fue dirigida a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y a las autoridades responsables de la infraestructura tecnológica, con la orden de ejecutar las medidas sin demoras ni excusas técnicas.
Idárraga fue enfático en señalar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no tolerará fallas ni complicidades dentro del sistema penitenciario. Advirtió que directivos y funcionarios que permitan irregularidades enfrentarán consecuencias inmediatas. “Si hay fiestas, fugas o beneficios indebidos, el responsable se va”, subrayó, en un mensaje directo a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El ministro también relacionó la criminalidad intramuros con la violencia contra el personal penitenciario, señalando que los delitos organizados desde las cárceles están vinculados a atentados y amenazas contra directivos y custodios. En este contexto, anunció que se abrirá un espacio de diálogo con los sindicatos del INPEC para comprender las causas de esta violencia y fortalecer las medidas de protección del personal.
Además del bloqueo de señales, el Gobierno colombiano avanza en programas de ampliación, mantenimiento y adecuación de centros penitenciarios, con el objetivo de mejorar tanto las condiciones de reclusión como el entorno laboral de los funcionarios. Idárraga sostuvo que garantizar infraestructura adecuada y seguridad interna es clave para recuperar la confianza ciudadana en el sistema penitenciario.
El funcionario concluyó que eliminar el acceso a celulares en prisión es una condición indispensable para reducir la extorsión y la violencia asociada al crimen organizado. “Si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar. El sistema penitenciario no puede seguir reproduciendo delincuencia”, afirmó.
Las autoridades colombianas también anunciaron que mantendrán comunicación con El Salvador para investigar las denuncias de estafas transnacionales y coordinar posibles acciones conjuntas, en un esfuerzo regional por combatir el crimen digital y las redes de extorsión que operan desde centros penitenciarios.
