El Consejo Superior del Trabajo (CST) se reactivará el próximo 27 de agosto, marcando un hito en el diálogo tripartito entre el Gobierno, el sector empleador y los trabajadores. Su principal objetivo es forjar propuestas que fortalezcan la economía y mejoren las condiciones laborales en El Salvador, sentando las bases para un desarrollo económico más sólido y equitativo. Esta instalación es vista como un compromiso para impulsar el crecimiento y la estabilidad del país.

Representantes de los sectores empleador y trabajador, Jorge Arriaza y Marta Campos, destacaron la transparencia y amplia participación en el proceso de conformación del consejo. Arriaza, presidente de la ASI, indicó que 30 organizaciones privadas emitieron su voto de forma directa y secreta, garantizando una elección limpia. Por su parte, Campos resaltó que solo se incluyeron organizaciones activas y acreditadas, lo que otorga legitimidad a la nueva directiva.

Esta renovación del CST es resultado de la reciente reforma impulsada por el presidente Nayib Bukele, que modernizó el reglamento del consejo para democratizar la elección de sus miembros. La modificación eliminó la mención de ocho organizaciones empresariales específicas, abriendo la puerta a todas las organizaciones de empleadores legalmente inscritas. Esto, según los vicepresidentes, fortalece la representatividad de cada sector y da mayor validez al proceso.

Ambos vicepresidentes también reconocieron el papel fundamental del Gobierno en la reactivación del consejo, en particular la labor del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Mencionaron que el acompañamiento del Ministerio ha sido esencial para que cada sector defina sus posturas con respeto y apertura, lo que ha hecho posible la reinstalación del CST con mayor representatividad y respaldo.

De cara a su primera sesión, se anticipa que el CST abordará temas cruciales para el desarrollo económico del país, como las reformas a leyes laborales y la actualización del salario mínimo. La intención es promover un diálogo abierto y sincero que incida directamente en las políticas públicas, con el fin de generar empleo digno y salarios justos.
