Con el objetivo de eliminar recargos, intereses y multas por deudas tributarias y aduaneras, así como recargos por intereses en las multas de tránsito, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, la Ley Especial y Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y otras Multas. Esta medida permitirá a los contribuyentes regularizar su situación sin enfrentar sanciones adicionales.
La Ley de Amnistía 2024, que consta de 13 artículos, beneficiará a aquellos contribuyentes que se han retrasado en el pago de sus impuestos, permitiéndoles cancelarlos sin la imposición de multas. La normativa establece que el pago podrá realizarse en un máximo de nueve cuotas mensuales, con la primera cuota equivalente al 10% de la deuda.
El propósito de esta medida es brindar un alivio financiero a aquellos contribuyentes que, por diversas razones, enfrentan procesos tributarios pendientes. Según la diputada Dania González, esta ley ayudará a mejorar la recaudación fiscal y brindará apoyo a los contribuyentes que aún no han solventado sus obligaciones tributarias.
El Ministerio de Hacienda ha solicitado un plazo de 90 días calendario para la implementación de la normativa, contando a partir de su entrada en vigencia. Los contribuyentes que podrán acogerse a esta amnistía incluyen aquellos que se encuentran en procesos de fiscalización o en instancias como la Unidad de Audiencias y Tasaciones (UAT) y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA).
Entre los beneficios de esta ley se incluye la posibilidad de que los contribuyentes que no realizaron los pagos correspondientes al Impuesto sobre la Renta sean exonerados del 100% de la multa que generalmente se impone en estos casos. Según el diputado William Soriano, la amnistía permitirá a los salvadoreños recuperar su estatus de solvencia, facilitando el acceso a créditos bancarios y otras transacciones económicas.
En cuanto a las multas de tránsito, la exoneración se aplicará únicamente a los intereses generados por el incumplimiento en el pago, ya que el fisco no tiene la facultad para perdonar las multas en sí. Los contribuyentes tendrán un plazo de 90 días para acogerse a esta disposición y regularizar sus pagos.
Esta no es la primera vez que la Asamblea Legislativa aprueba una amnistía de este tipo. En 2023, un decreto similar permitió que más de 36 mil salvadoreños regularizaran su situación, generando una recaudación de más de US$100 millones, de los cuales el 57% correspondió a pequeños contribuyentes.