
Con el objetivo de saldar una deuda histórica y brindar seguridad patrimonial a familias de escasos recursos, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado reformas a una ley especial que permite legalizar terrenos en la comunidad Caserío La Concordia, en Jiquilisco, Usulután. Esta decisión, respaldada con 59 votos, facultará al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) para iniciar el proceso de transferencia de títulos de propiedad, lo que convierte la posesión de la tierra en un activo económico con valor legal y comercial para los habitantes que han esperado por este beneficio durante más de 40 años.
La reforma legislativa, que contó con el respaldo de estudios técnicos del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), consiste en incluir la zona de la comunidad en un listado que declara la propiedad en desuso del Estado. Esto permite que el terreno, de 1.16 kilómetros de longitud, pueda ser transferido legalmente a sus ocupantes.
Al obtener sus escrituras, las familias no solo contarán con la certeza de que sus viviendas les pertenecen, sino que también podrán acceder a créditos formales o utilizar sus propiedades como garantía, lo cual abre la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo económico y social. La iniciativa, que busca beneficiar a las mayorías que estuvieron abandonadas por administraciones anteriores, sienta un precedente en la política de vivienda del país al priorizar la seguridad jurídica de los sectores más vulnerables.