
Un total de US$400,000 en valor patrimonial ha sido recuperado a favor de familias salvadoreñas gracias a la entrega de escrituras de propiedad realizada por el Ministerio de Vivienda este día en San Vicente, Santa Ana y San Salvador Sur; una acción que representa un impacto económico directo para los hogares beneficiados y fortalece su seguridad financiera a largo plazo.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que cada terreno tiene un valor estimado de US$10,000, lo que permite que 40 familias consoliden legalmente un patrimonio que, durante décadas, no pudieron garantizar. Estos inmuebles se ubican en las lotificaciones Navarra II, en San Vicente; San Martín, en Chalchuapa, Santa Ana; y Las Hadas, en Santo Tomás, San Salvador Sur.

Desde un enfoque económico, la regularización de estas propiedades convierte activos informales en bienes legalmente reconocidos, lo que abre la posibilidad de acceso a crédito, herencia segura para futuras generaciones y mayor estabilidad financiera. Durante más de 40 años, las familias habían cancelado el valor de sus parcelas sin contar con respaldo jurídico, lo que limitaba su capacidad de usar estos terrenos como garantía o inversión.
La recuperación de este valor económico fue posible gracias al trabajo coordinado de instituciones del Estado como la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Registros (CNR) y la Defensoría del Consumidor, que intervinieron para facilitar procesos legales pendientes.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol destacó que estas acciones forman parte de una política pública orientada a corregir injusticias históricas y colocar los recursos del Estado al servicio de la población. Más allá de la entrega de documentos, el proceso representa una restitución económica tangible, que fortalece el patrimonio familiar y contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.
Con la entrega de escrituras, el Gobierno asegura que el esfuerzo de estas familias se traduzca en estabilidad, certeza jurídica y valor económico real, sentando bases sólidas para el bienestar de las próximas generaciones.
