Alejandra Ortiz La Superintendencia de Competencia (SC) ha impuesto sanciones significativas a dos empresas de seguridad privada, SIEDES y MUINSA, tras una investigación de oficio que reveló un acuerdo para fijar precios en licitaciones públicas. Esta práctica anticompetitiva, que manipula los procesos de subasta y perjudica al Estado, está estrictamente prohibida por la ley salvadoreña.
Las multas impuestas a las empresas infractoras ascienden a un total de US$292,000, equivalente a US$146,000 para cada una. Esta suma, que representa el 10% de sus ganancias del último período fiscal, busca ser un castigo severo que inhiba futuras prácticas desleales, mientras permite a las compañías mantener sus operaciones.
Además de las sanciones económicas, la SC ha ordenado a las empresas el cese inmediato de su acuerdo anticompetitivo. El objetivo de esta medida es restablecer las condiciones de competencia en el mercado y proteger los fondos públicos, que provienen de los impuestos de los ciudadanos y deben ser utilizados para obras y servicios de calidad.
Este tipo de colusión en el sector de seguridad es particularmente perjudicial. Durante los años 2020 y 2023, la contratación de estas empresas sumó casi US$3 millones, lo que subraya la importancia de este mercado. La manipulación de precios no solo distorsiona la competencia, sino que también limita las opciones del gobierno y pone en riesgo la eficiencia del manejo de los recursos.
Con acciones como esta, el Gobierno de El Salvador, a través de la SC, busca proteger la economía y el bienestar de sus ciudadanos. La vigilancia activa de los mercados es fundamental para garantizar que cada dólar invertido en compras públicas se destine al desarrollo del país y no sea desviado por intereses particulares.
