Alejandra Ortiz Legisladores salvadoreños han dado un paso decisivo para acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura ambiental. Con una aprobación mayoritaria, se ha emitido una normativa que otorga incentivos fiscales a las empresas involucradas en la construcción de una planta de biogás en el río Acelhuate y otra de tratamiento de aguas residuales en La Libertad. La medida busca dinamizar la economía y modernizar el país con un enfoque sostenible.
Estas exoneraciones fiscales incluyen una amplia gama de gravámenes, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles de importación y el Impuesto sobre la Renta (ISR). La eliminación de estos costos tiene como objetivo reducir la inversión requerida y aumentar la rentabilidad de los proyectos. Esta estrategia no solo aligera la carga económica para los contratistas, sino que también promueve la participación de empresas especializadas.
El proyecto de biogás, a cargo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), es una iniciativa que no solo generará energía limpia, sino que también contribuirá al saneamiento de importantes cauces de agua como el río Acelhuate. Con una capacidad de 5.43 megavatios, esta planta tratará el 70% de las aguas residuales del Área Metropolitana de San Salvador, beneficiando a más de 21,000 familias.
Adicionalmente, se construirá una planta de tratamiento de aguas residuales en el departamento de La Libertad, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Este proyecto mejorará el tratamiento de los fluidos y ampliará el sistema de alcantarillado sanitario en la región. Los beneficios fiscales aplicados a esta obra garantizarán una ejecución más eficiente y una reducción de costos.
La normativa establece que las exenciones fiscales se aplicarán en todas las fases de los proyectos: desde la planificación y construcción hasta la operación final. Además, se exonera del pago de impuestos a quienes vendan voluntariamente terrenos a las entidades gubernamentales para la ejecución de las obras. Esto simplifica los procedimientos de adquisición de tierras y evita retrasos.
Por otro lado, instituciones clave como el Ministerio de Medio Ambiente, ANDA y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) deberán emitir lineamientos especiales para simplificar los trámites. Este enfoque colaborativo y coordinado entre las instituciones públicas demuestra el compromiso del gobierno en agilizar estos proyectos. La agilidad en los procedimientos administrativos es crucial para asegurar la rápida implementación de estas obras.
Ambos proyectos, la planta de biogás y la de tratamiento de aguas residuales, marcan un hito en el desarrollo de infraestructura sostenible en el país. Con un impacto positivo en la salud pública y el medio ambiente, estas iniciativas beneficiarán a más de 1.2 millones de habitantes. Estas acciones no solo promueven el desarrollo económico, sino que también mejoran significativamente la calidad de vida de los salvadoreños.
