Alejandra Ortiz 
El entorno de inversión en El Salvador está evolucionando rápidamente con la aprobación de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Esta nueva legislación busca no solo mejorar la capacidad institucional, sino también facilitar el proceso de inversión pública y privada, eliminando obstáculos históricos como la burocracia excesiva y los largos tiempos de tramitación. Esta medida representa un paso clave hacia un desarrollo económico más eficiente y sostenible.
Una de las principales innovaciones de la ley es la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), la cual tendrá un enfoque integral en el resto del territorio fuera del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Según Luis Rodríguez, Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del AMSS (OPAMSS), esta estructura ayudará a optimizar la gestión territorial en las distintas regiones del país, complementando el trabajo que ya realiza la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador.
La colaboración entre las diferentes entidades ha sido esencial para asegurar que esta nueva dirección funcione de manera efectiva y contribuya al crecimiento económico.
Uno de los beneficios más importantes de este nuevo enfoque es la reducción de costos para los inversionistas. Al agilizar los trámites y eliminar barreras burocráticas, los proyectos podrán avanzar más rápido, lo que a su vez favorecerá la obtención de financiamiento y reducirá los riesgos asociados con retrasos en la implementación de inversiones.
La Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial no solo fomenta la inversión en infraestructura, sino que también facilita un uso más eficiente del territorio, promoviendo un crecimiento equilibrado entre las diferentes regiones del país. Pues, la eliminación de trabas burocráticas y la mejora en la coordinación entre las instituciones son pasos decisivos hacia un clima de negocios más favorable.
