Leydin Sorto 
Tras las inundaciones registradas la noche del domingo en Ciudad Marsella, que dejaron alrededor de 20 viviendas afectadas, el Gobierno anunció una serie de medidas con impacto económico y financiero, orientadas a resguardar la inversión de las familias y evitar mayores riesgos patrimoniales.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, y el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, informaron que se suspenden a nivel nacional los permisos de construcción y parcelación para la empresa Salazar Romero y sus empresas aliadas, lo que implica una paralización de nuevos proyectos y operaciones hasta nuevo aviso.
Como parte de las acciones económicas de protección al consumidor, se prohibió a la empresa continuar realizando cobros en concepto de crédito inicial, aliviando temporalmente la carga financiera de las familias afectadas. Asimismo, se estableció que todos los montos ya cancelados deberán ser reconocidos y descontados del valor total de las viviendas, garantizando que las inversiones realizadas no se pierdan.
En materia de financiamiento, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) anunció la suspensión de créditos vinculados a esta empresa, mientras se analizan los aspectos técnicos, legales y financieros del proyecto, con el objetivo de brindar certeza jurídica y reducir riesgos para los compradores.
Las autoridades señalaron que estas medidas buscan estabilizar la situación económica de las familias, evitar desalojos que agraven su vulnerabilidad financiera y fortalecer la supervisión estatal en el desarrollo de proyectos habitacionales, priorizando la seguridad, la transparencia y la protección del patrimonio familiar.
