Redacción Dinero.com.sv 
Con una amplia mayoría de 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización con un enfoque eminentemente económico, orientado a dinamizar la inversión, estimular la reinversión y fortalecer la competitividad de El Salvador en el comercio internacional.
El principal impacto de las modificaciones radica en la ampliación de los incentivos fiscales, una medida diseñada para atraer capital nacional y extranjero en un contexto de mayores exigencias globales. Al actualizar un marco legal vigente desde 1998, el país busca adaptarse a nuevas dinámicas productivas, tecnológicas y logísticas, generando condiciones más favorables para el crecimiento empresarial y la creación de empleo.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de extender los períodos de exención fiscal hasta por 10 años adicionales una vez finalizado el plazo original. Para acceder a estos beneficios, los desarrollistas y usuarios de zonas francas, así como los depósitos de perfeccionamiento activo (DPA), deberán demostrar una mayor inversión en el país y un incremento del 100 % en su generación de empleo, lo que refuerza el vínculo entre incentivos fiscales y crecimiento económico real.
Las reformas también permiten que estos períodos adicionales de exenciones puedan solicitarse en más de una ocasión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Este mecanismo busca fomentar la reinversión continua, la ampliación de operaciones y la permanencia de proyectos productivos a largo plazo, generando mayor estabilidad económica y laboral.
Desde una perspectiva financiera, otro elemento clave es el establecimiento de un período de gracia de dos años para los beneficiarios que concluyan sus plazos vigentes. Durante este lapso, las empresas podrán mantener los incentivos fiscales mientras realizan nuevas inversiones para seguir dentro del régimen. En caso de no cumplir con las condiciones exigidas, deberán asumir el pago de los impuestos correspondientes, lo que introduce un esquema de transición que reduce impactos abruptos en la actividad económica.
Adicionalmente, las reformas amplían el alcance del régimen al sector servicios, al establecer que los usuarios de zonas francas ubicados en parques de servicios autorizados serán considerados legalmente como si operaran dentro de una zona franca. Esta disposición abre nuevas oportunidades para atraer inversión en actividades de alto valor agregado, como servicios empresariales, tecnológicos y logísticos.
En conjunto, las modificaciones a la Ley de Zonas Francas buscan consolidar un entorno más atractivo para la inversión, impulsar la generación de empleo y fortalecer la capacidad productiva del país, colocando a la economía salvadoreña en una mejor posición frente a los desafíos y oportunidades del mercado internacional.
