
Un total de US$1,489,580 fue aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, con 58 votos, para ser incorporado al presupuesto del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) en el ramo de Economía, mediante una modificación a la Ley de Presupuesto 2026, con el fin de financiar su funcionamiento institucional durante el presente ejercicio fiscal.
De acuerdo con la información presentada en la plenaria legislativa, del monto total solicitado, US$1,206,651 proviene de la contribución que deben aportar los productores de caña de azúcar y las centrales azucareras o ingenios durante la zafra 2025/2026. Estos recursos corresponden a la recaudación derivada de la producción de azúcar y constituyen la principal fuente de financiamiento de la entidad.

Los legisladores también explicaron que US$282,929 adicionales corresponden a un acumulado reportado por la Dirección General de Tesorería, el cual será incorporado al presupuesto especial del CONSAA para complementar el financiamiento de sus necesidades operativas y de inversión.
La normativa vigente establece que el presupuesto anual del CONSAA se financia mediante una contribución obligatoria por cada libra de azúcar extraída. El artículo 16 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador señala que tanto los productores de caña como las centrales azucareras deben aportar una cuota por la producción, destinada a cubrir los gastos e inversiones de la institución.

En ese contexto, el 29 de octubre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 445, mediante el cual se fijó la contribución en US$0.000891 por libra de azúcar extraída, equivalente a US$0.001963 por kilogramo de azúcar. Con base en esta tarifa, se estima que durante la zafra 2025/2026 se extraerán 1,354,265,993 libras de azúcar, lo que generará la contribución de US$1,206,651 para el CONSAA.
Con la incorporación de estos recursos al presupuesto 2026, el CONSAA podrá fortalecer su funcionamiento institucional, cubrir gastos operativos, realizar actividades de supervisión y apoyar la regulación de la agroindustria azucarera, un sector clave para la economía nacional y para miles de productores y trabajadores vinculados a la cadena productiva del azúcar.
