Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 56 votos reformas a la Ley General de Electricidad que incluyen la creación de un mercado minorista de energía, una medida clave para reducir el costo de la electricidad para los usuarios y mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico en el país.
Este nuevo mercado permitirá regular las transacciones de energía dentro de las redes de distribución, complementando el mercado mayorista y brindando mayor transparencia en la fijación de precios. Con ello, se busca que los costos reflejen de mejor manera el uso de tecnologías más eficientes y económicas, como las energías renovables.
Las reformas forman parte de un esfuerzo por ordenar y potenciar la generación distribuida, es decir, la producción de energía a pequeña escala (como la solar) que se conecta directamente a las redes de distribución. Este modelo ha crecido de forma sostenida en El Salvador, lo que ha evidenciado la necesidad de contar con reglas claras.
Durante el análisis de la normativa, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, explicó que el país ya cuenta con 553 megavatios instalados bajo este esquema, lo que refuerza la importancia de modernizar el marco regulatorio.
Uno de los principales cambios es la implementación de una medición comercial regulada, que permitirá determinar con precisión la energía generada, la que se inyecta a la red y su impacto en la tarifa final que pagan los usuarios.
Actualmente, los precios de la energía en este segmento se calculan con base en combustibles como el búnker o el diésel, cuyos costos son considerablemente más altos que los de fuentes renovables. Con las reformas, se espera que el uso de tecnologías como la solar contribuya a disminuir el precio final de la electricidad.
Además, las modificaciones buscan reducir la dependencia de hidrocarburos en la matriz energética nacional, promoviendo el uso de fuentes limpias y sostenibles.
Mayor control y supervisión del sistema
Las reformas también incluyen medidas para fortalecer la supervisión del sistema eléctrico. Entre ellas, se regulan los procesos de interconexión, se establecen estudios obligatorios para garantizar la capacidad de la red y se incorporan mecanismos de monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida.
Asimismo, se refuerzan las atribuciones de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que tendrá la responsabilidad de autorizar interconexiones, definir cargos asociados y evaluar la integración de nuevos proyectos al sistema.
Por su parte, las empresas distribuidoras deberán cumplir nuevas obligaciones, como reportar información periódica sobre los procesos de interconexión y proporcionar datos técnicos que faciliten la planificación del sistema eléctrico nacional.
Con estas reformas, el país busca avanzar hacia un sistema energético más eficiente, transparente y sostenible, que permita reducir costos para la población y fomentar la inversión en energías limpias.
