
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) para eliminar el requisito de legalización o apostilla de documentos públicos emitidos en el extranjero cuando estos estén vinculados a operaciones comerciales, trámites aduaneros y compras públicas.
La reforma incorpora el artículo 4-A, el cual establece que la Administración Pública no exigirá la legalización, apostilla, copias autenticadas, impresas ni con firma manuscrita en documentos provenientes del extranjero que se refieran directamente a actividades comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos.
Reducción de burocracia y agilización de procesos
El objetivo principal de la modificación es reducir la carga administrativa, agilizar trámites y fortalecer el comercio exterior. La eliminación de la apostilla simplifica procedimientos para empresas que realizan importaciones, exportaciones, registros sanitarios o participan en procesos de compras públicas.
Con esta medida, los empresarios podrán presentar documentación extranjera sin cumplir con procesos adicionales de validación formal, lo que reduce tiempos y costos asociados a gestiones internacionales.

Resoluciones provisionales para acelerar trámites
La reforma también faculta a la Administración Pública para emitir resoluciones provisionales, permitiendo que los trámites continúen mientras se presentan los documentos correspondientes.
En estos casos, se otorgará un plazo de 10 días hábiles para subsanar la documentación. Una vez cumplido ese período, la resolución pasará a ser definitiva.
Si los documentos no son presentados dentro del plazo establecido, la Administración podrá suspender o revocar la resolución provisional.
Alcance de la normativa
La disposición aplica a toda la Administración Pública, incluyendo procesos de contratación del Estado. Esto implica que entidades gubernamentales deberán adaptar sus procedimientos internos para cumplir con la nueva normativa.

La supervisión del cumplimiento estará a cargo de la Corte de Cuentas de la República, extendiendo el alcance de la reforma a etapas como la selección de contratistas y otras fases relacionadas con compras públicas.
Impacto esperado
Con esta modificación, se busca modernizar la gestión pública, facilitar el comercio y fortalecer la competitividad del país. La eliminación de la apostilla en operaciones comerciales y aduaneras representa un paso hacia la simplificación administrativa, alineado con esfuerzos para dinamizar la actividad económica y mejorar la eficiencia institucional.
