Redacción Dinero.com.sv 
La Asamblea Legislativa aprobó la autorización al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para emitir Títulos Valores de Crédito por un monto de hasta US$344 millones, con el objetivo de fortalecer la capacidad financiera del Estado y garantizar la continuidad de programas sociales, ambientales y económicos considerados estratégicos para el desarrollo nacional. La decisión contó con el respaldo de 57 diputados durante la sesión plenaria.
Con esta autorización, el Gobierno podrá colocar los títulos en el mercado nacional o internacional, dependiendo de las condiciones financieras más favorables al momento de la emisión. Los fondos obtenidos se utilizarán para cubrir obligaciones generales del Estado y apoyar proyectos prioritarios que buscan impulsar mejoras en infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.
Los títulos valores tendrán rendimientos sujetos al comportamiento del mercado, pudiendo colocarse con descuento o premio según la práctica financiera internacional. Si bien su valor nominal y rendimientos estarán exentos de impuestos, las ganancias de capital derivadas de su compra o venta deberán tributar conforme a la legislación vigente. La emisión podrá realizarse a mediano o largo plazo, con pagos en cuotas o en un solo desembolso al vencimiento.
El Ministerio de Hacienda tendrá la facultad de realizar operaciones de manejo de pasivos, incluida la reorganización o refinanciamiento de deuda, siempre que dichas acciones resulten beneficiosas para el país. Asimismo, se firmará un Contrato de Agente Financiero con el Banco Central de Reserva (BCR), que actuará como intermediario en la estructura y ejecución de las colocaciones. Para la emisión en mercados internacionales, Hacienda podrá registrarse ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) o utilizar procedimientos bajo las Regulaciones 144A o S.
La normativa también permite la contratación de bancos de inversión, asesores y agentes especializados para la colocación de los títulos, cuyos servicios estarán exentos de impuestos, incluido el IVA, aunque se mantienen las retenciones correspondientes si las empresas proveedoras son nacionales. Los costos relacionados con el proceso, incluidos trámites ante la SEC y la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA), serán asumidos por el Ministerio.
Con esta medida, el Gobierno busca asegurar liquidez para sostener el funcionamiento del Estado, mantener la inversión pública y avanzar en iniciativas orientadas a fortalecer el crecimiento económico y social del país.
