Alejandra Ortiz El Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) llevó a cabo un importante conversatorio para analizar los desafíos del arbitraje en el país. Este evento, organizado en conjunto con la CIAC Jóvenes, se enfocó en educar y discutir las mejores prácticas para fortalecer este mecanismo de resolución de conflictos.
La actividad reunió a profesionales del derecho y estudiantes, quienes exploraron las formas de hacer más eficientes los procesos arbitrales. Se destacaron las prácticas clave para garantizar que las decisiones arbitrales, o laudos, sean vinculantes y justas para las partes involucradas, evitando así errores comunes que puedan invalidar el proceso.
La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, enfatizó la importancia de estos espacios para el desarrollo económico del país. Señaló que la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la transparencia es fundamental para el futuro del arbitraje en El Salvador. Estos esfuerzos buscan ofrecer alternativas rápidas y eficientes a los litigios tradicionales.
El panel de expertos estuvo conformado por destacados profesionales del ámbito jurídico, quienes compartieron sus valiosas experiencias. Ellos discutieron el papel de los árbitros, los abogados y las partes involucradas, abordando los aspectos más relevantes para asegurar la correcta ejecución de los procesos arbitrales y su credibilidad.
El arbitraje se posiciona como una herramienta crucial para el sector empresarial, ofreciendo un camino más rápido y confidencial para la resolución de disputas comerciales. Esta alternativa legal es vital para atraer inversión y fomentar un clima de negocios estable, reduciendo los costos y la incertidumbre asociados a largos procesos judiciales.
El evento concluyó con un espacio de networking que fortaleció el intercambio de ideas entre los asistentes. Esto reafirma el compromiso del CMA y de la CIAC Jóvenes de continuar impulsando la cultura del arbitraje. Ambos buscan consolidar un marco legal sólido que beneficie a la economía salvadoreña.
