
El Salvador avanza en la creación de un marco legal para fortalecer el sector pesquero y acuícola, luego de que la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente emitiera dictamen favorable a una normativa orientada a regular estas actividades bajo un enfoque de sostenibilidad y desarrollo económico. La iniciativa ahora queda a la espera de ser conocida y aprobada por la Asamblea Legislativa en la próxima sesión plenaria.
La propuesta contempla la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma adscrita al Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y aplicación de políticas públicas relacionadas con la pesca, la acuicultura y actividades conexas, promoviendo el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y de agua dulce.
Durante el estudio de la iniciativa, se explicó que el enfoque de economía azul busca integrar el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas, fomentando el uso sostenible de los recursos naturales mediante innovación, tecnología y buenas prácticas productivas. Este modelo apunta a generar empleo, fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar sectores estratégicos sin comprometer el equilibrio ambiental.

La futura Autoridad será el ente rector del sector pesquero y acuícola en el país. Entre sus principales funciones estará regular el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, autorizar, monitorear e inspeccionar las actividades del sector, así como garantizar la trazabilidad, calidad e inocuidad de los productos que llegan al mercado.
Asimismo, la ASEA impulsará el desarrollo productivo mediante el fortalecimiento de la cadena de valor, el fomento de la innovación y el acceso a mercados, promoviendo principios de economía circular. También se prevé que estimule la investigación científica, la transferencia tecnológica y el trabajo articulado con instituciones públicas, sector privado y organismos internacionales.
La normativa establece, además, un régimen sancionatorio que faculta a la nueva Autoridad a iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones ante infracciones a la ley, incluyendo medidas preventivas como suspensiones o restricciones temporales, sin excluir otras responsabilidades legales en materia ambiental, civil o penal.

En cuanto a su financiamiento, la ASEA se sostendría con recursos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros fondos permitidos por la ley, y estará sujeta a los mecanismos de fiscalización correspondientes.
Con esta iniciativa, El Salvador busca ordenar y fortalecer el sector pesquero y acuícola, apostando por una economía azul que combine crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social, a la espera de que la normativa sea avalada por el pleno legislativo en los próximos días.
