Alejandra Ortiz 
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha iniciado el análisis de la Ley de Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales para el ejercicio fiscal 2025, así como el Proyecto de Ley de Salarios. El presidente de la comisión, Christian Guevara, destacó que el presupuesto propuesto por el Ministerio de Hacienda asciende a US$9,663 millones, una cifra significativa que será completamente autofinanciada, lo que evitará la emisión de deuda para cubrir los gastos corrientes.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el presupuesto el 30 de septiembre, subrayando que este refleja una disminución de US$970 millones en comparación con el cierre proyectado para 2024. Este ajuste financiero, según las autoridades, responde a una estrategia de manejo responsable de las finanzas públicas, permitiendo cubrir la totalidad de los gastos del próximo año sin recurrir a préstamos.
Christian Guevara señaló que este enfoque marca un cambio importante en la gestión fiscal del país, al garantizar que los recursos del Estado se manejen con responsabilidad. “Este presupuesto no requiere de financiamiento externo para los gastos corrientes, lo que demuestra un nuevo modelo de responsabilidad fiscal”, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda.
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas también recordó que durante su primer año como diputados, aprobaron un presupuesto con la mayor inversión social en la historia del país. Resaltó que esta tendencia ha continuado, buscando siempre priorizar los recursos para sectores vulnerables y esenciales del país.
Además, Guevara destacó la transparencia con la que se han manejado los presupuestos en los últimos años. “Hemos tenido los presupuestos más transparentes y se ven los resultados. Este proceso de evaluación es crucial para seguir avanzando en la construcción de un país con finanzas públicas sólidas”, aseguró.
El estudio del presupuesto continuará en las próximas semanas, con la participación activa de la Comisión de Hacienda y la supervisión de todas las instituciones del Estado, para asegurar una correcta distribución de los recursos y un ejercicio fiscal eficiente en 2025.
