Redacción Dinero.com.sv La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para aplicar disposiciones especiales y transitorias en apoyo al Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador. Esta iniciativa busca reducir la brecha en el acceso a la electricidad y fomentar el desarrollo económico en comunidades rurales de alta vulnerabilidad.
En concreto, el plan beneficiará a 8,756 hogares, además de escuelas y proyectos productivos que actualmente no cuentan con este servicio básico. Para su ejecución, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) será la responsable de desarrollar las obras, con el respaldo financiero de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el presidente de CEL, Daniel Álvarez, el programa incluye la planificación, el diseño y la construcción de redes de distribución, así como la incorporación de sistemas de generación eléctrica y la adquisición de equipos. Asimismo, subrayó que la meta es lograr, en un período de cuatro años, una cobertura eléctrica del 100 % en el territorio nacional, recurriendo a soluciones alternativas como la energía solar en aquellas comunidades sin cercanía a la red convencional.
Con el fin de incentivar la ejecución de estos proyectos, las disposiciones que estarán vigentes por seis años contemplan exoneraciones fiscales para contratistas y subcontratistas relacionados con el programa. Entre los beneficios se encuentran la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la exoneración de aranceles de importación y el no pago de tasas ante el Centro Nacional de Registros (CNR). Además, los ingresos que generen los contratistas no estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta la entrega de las obras, bienes o servicios.
Incentivos tributarios fortalecen la inversión y modernización del sector energético
Para acceder a estas exenciones, los interesados deberán presentar una solicitud formal ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), acompañada de documentación que acredite su vínculo con el programa. La DGII tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver cada solicitud. Paralelamente, contratistas y subcontratistas estarán obligados a llevar registros especiales de compras y ventas vinculadas al proyecto, presentándolos cuando se requiera y cumpliendo con todas las declaraciones tributarias y aduaneras correspondientes.
Por otra parte, las disposiciones también estipulan que las empresas distribuidoras de energía deberán facilitar los trámites, servicios y ajustes necesarios en sus redes para garantizar la conexión de los proyectos ejecutados bajo el programa, en coordinación con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
Adicionalmente, se aprobó un beneficio tributario para los propietarios que vendan voluntariamente terrenos a CEL destinados a este programa. Estos quedarán exentos de pagar ISR por ganancias de capital y tampoco estarán obligados a presentar el formulario respectivo. Cabe destacar que, aunque en un inicio se contemplaba incluir a CEL dentro de estas exoneraciones, la institución fue excluida a solicitud de su presidente.
Los diputados de la comisión emitieron también un dictamen favorable para establecer disposiciones especiales de carácter tributario aplicables a contratos multicliente de CEL y a licencias de datos geocientíficos. Dichos contratos consisten en acuerdos que la autónoma establece con empresas nacionales o extranjeraspara la realización de estudios geocientíficos y geofísicos con el objetivo de explorar hidrocarburos en el país, asumiendo estas empresas los costos y riesgos de la investigación.
Con esta normativa, se busca crear un marco jurídico y fiscal que brinde certeza a los inversionistas privados y que, al mismo tiempo, fomente la modernización del subsector de hidrocarburos. Las exenciones abarcan impuestos sobre la renta, IVA, gravámenes a la importación, tasas municipales y cualquier otro tributo aplicable. Los ingresos obtenidos mediante estas actividades serán considerados rentas no gravadas.
Al respecto, Álvarez enfatizó que ofrecer estos incentivos permitirá a El Salvador atraer actores internacionales para obtener datos geocientíficos de alta calidad, lo que contribuirá a fortalecer la capacidad del país para modernizar el sector energético sin comprometer recursos propios.
Finalmente, el marco regulador establece que los beneficios fiscales serán exclusivos para los titulares de los contratos y los adquirentes de los datos, sin incluir a subcontratistas ni terceros. Además, se faculta al Ministerio de Hacienda a emitir resoluciones, circulares o instructivos que garanticen la correcta aplicación de estas disposiciones.
Con estas medidas, El Salvador da un paso estratégico hacia la universalización del acceso a la energía, al tiempo que crea condiciones favorables para atraer inversión y dinamizar el sector energético mediante incentivos tributarios.
