Alejandra Ortiz La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso crucial para salvaguardar la economía familiar de millones de salvadoreños. La entidad emitió un dictamen favorable que busca prorrogar la estabilidad de las tarifas del transporte público colectivo y masivo, una medida que, de ser aprobada, tendría vigencia hasta finales de 2026.
Este movimiento legislativo se produce en un contexto de constantes presiones económicas y busca mitigar el impacto de posibles aumentos en el precio del pasaje.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, tiene como objetivo principal garantizar la continuidad y regularidad del servicio de transporte sin que se alteren las tarifas que actualmente pagan los usuarios. La medida es de orden público y su aplicación se traduce en una compensación especial para los concesionarios y permisionarios. La ley establece una contribución de US$0.10 por cada galón de diésel y gasolina para financiar los subsidios, manteniendo así el equilibrio económico.
El dictamen también propone la modificación del artículo 17-A de la Ley Transitoria, extendiendo la vigencia de las cajas únicas registradas en la Dirección General de Transporte Terrestre hasta diciembre de 2026. Esta prórroga es fundamental para el funcionamiento del mecanismo de compensación, ya que estas cajas son la herramienta utilizada para el recaudo electrónico y el monitoreo de los datos necesarios para la asignación de los fondos.
Para recibir la compensación, los transportistas deberán cumplir con varios requisitos, entre ellos, la presentación de una declaración jurada, el uso de sistemas de recaudo electrónico y GPS en las unidades, y la solvencia de multas. El cumplimiento de estas condiciones es supervisado de cerca por la Dirección General de Transporte Terrestre para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los recursos.
Es importante destacar que el dictamen favorable de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial es solo un primer paso. Para que esta reforma sea una realidad, aún falta la aprobación final del pleno de la Asamblea Legislativa, lo que le otorgaría el carácter de ley de la República. De ser aprobada, esta prórroga garantizará que el costo del transporte se mantenga sin cambios, proporcionando un respiro económico a las familias del país.
