Leydin Sorto 
El Salvador cuenta con 2,006,110 hogares, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024, realizada por la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva (BCR). El análisis de la disponibilidad de servicios básicos por tipo de vivienda evidencia diferencias significativas en la cobertura y acceso, que reflejan desafíos económicos para los hogares salvadoreños.
En términos de electricidad, 1,780,778 hogares cuentan con este servicio, concentrándose principalmente en casas privadas o independientes, mientras que las viviendas improvisadas y ranchos presentan cobertura más limitada. El acceso a combustibles y energía alternativa como kerosene, candelas, paneles solares o generadores eléctricos se utiliza mayoritariamente en hogares con menor estabilidad económica, destacando la necesidad de alternativas sostenibles y económicas.
Respecto al servicio de agua, la mayoría de los hogares (1,627,099) accede mediante cañería dentro o fuera de la vivienda, pero persiste un grupo de hogares que dependen de pilas, pozos o camiones cisterna, lo que genera costos adicionales y limita la eficiencia del consumo doméstico.
En cuanto a servicios sanitarios, 686,345 hogares disponen de inodoro conectado a alcantarillado, mientras que otros 573,406 hogares dependen de inodoros con fosa séptica. La falta de infraestructura adecuada en viviendas improvisadas y ranchos evidencia la necesidad de inversiones en saneamiento básico, un factor clave para la salud y productividad de la población.
Finalmente, en la recolección de desechos sólidos, 1,166,587 hogares reciben recolección domiciliaria pública, mientras que más de 664,000 hogares aún queman sus residuos, generando riesgos ambientales y de salud, así como costos indirectos para la economía local.
Estos datos reflejan que, aunque la mayoría de los hogares salvadoreños tiene acceso a servicios básicos, persisten brechas significativas que afectan principalmente a viviendas improvisadas y ranchos. Los economistas destacan que la inversión en infraestructura básica y servicios públicos no solo mejora la calidad de vida, sino que también genera impacto positivo en la economía familiar, al reducir gastos adicionales y aumentar la productividad.
