El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que Bitcoin sigue siendo altamente volátil y que la confianza en la tecnología es baja. A pesar de que el pago de impuestos con esta criptomoneda ha sido insignificante, el sector financiero no está expuesto a sus riesgos. Como parte de las reformas acordadas, el uso de Bitcoin como método de pago será prohibido. Mientras tanto, el Gobierno salvadoreño mantiene en su poder unos 6,070 Bitcoins, valorados en aproximadamente US$600 millones, pero bajo el nuevo programa no podrá adquirir más criptomonedas de forma voluntaria.
Por otro lado, el FMI destacó que las remesas seguirán siendo una fuente clave de ingresos para el país. Sin embargo, su participación en el PIB disminuirá gradualmente del 24% en 2023 al 20% en 2030, reflejando cambios en el mercado laboral salvadoreño. En el ámbito macroeconómico, se espera que la inflación se mantenga baja, en torno al 1.75%, mientras que el déficit de la cuenta corriente permanecería por debajo del 1% del PIB, impulsado por la consolidación fiscal y el fortalecimiento del sector exportador.

Acuerdo con el FMI y reformas económicas
El FMI oficializó este lunes un acuerdo con El Salvador que compromete al Gobierno a implementar una serie de reformas económicas y fiscales. Como parte de este pacto, el país recibirá un préstamo de US$1,400 millones, de los cuales el 60% se destinará a apoyo presupuestario y el 40% al Banco Central de Reserva (BCR) para fortalecer las reservas internacionales.

El organismo resaltó la recuperación económica impulsada por el turismo y las remesas, así como la mejora en seguridad. Sin embargo, alertó sobre desafíos como el alto nivel de deuda y la baja productividad, que limitan la inversión y el crecimiento sostenible.
Entre las medidas acordadas se incluyen:
Reformas fiscales: El ajuste de ingresos se basará en mejorar la recaudación, ampliar la base tributaria y reducir la evasión fiscal.
Transparencia: Se exigirá mayor supervisión en compras públicas, incluyendo la publicación de contratos y beneficiarios.
Sistema financiero: Se adoptarán estándares de Basilea III y se establecerán reglas más estrictas para el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

Rendición de cuentas: Se fortalecerá la supervisión de la Corte de Cuentas y la regulación de criptoactivos.
Adicionalmente, el Gobierno deberá presentar una reforma integral del sistema de pensiones a más tardar en febrero de 2026. También se contempla la liquidación del fideicomiso Fidebitcóin y la divulgación de todas las direcciones de monederos digitales del sector público.
El FMI subraya que los desembolsos del préstamo dependerán del cumplimiento de estas reformas, por lo que la estabilidad económica de El Salvador estará ligada a la implementación efectiva de estos cambios.