
Un grupo de 118 familias finalmente obtuvo las escrituras de propiedad de los terrenos que habían pagado entre 1984 y 2008 a la Corporación Argoz S.A. de C.V., empresa que las estafó durante décadas. La entrega, realizada este martes por el Ministerio de Vivienda, representa una recuperación patrimonial equivalente a $1.2 millones.
Los beneficiados pertenecen a 28 lotificaciones ubicadas en nueve departamentos del país. Durante años pagaron por lotes que nunca fueron legalizados a su nombre, hasta que el caso fue retomado por las autoridades actuales.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló que la entrega devuelve a las familias lo que por derecho les correspondía: “Hoy van a ser verdaderamente independientes al tener esas escrituras de propiedad que, con su esfuerzo de años, han pagado y se las merecen”.
La estafa de Argoz no solo tuvo un impacto social, sino también económico. Según datos del Gobierno, desde 2019 se han recuperado más de $715 millones en patrimonio a favor de 71,548 familias, gracias a la regulación de lotificaciones y la entrega de escrituras.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso judicial contra los responsables continúa. En julio se giraron 16 nuevas órdenes de captura por delitos como defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos. Además, se investiga a 11 personas señaladas como prestanombres que facilitaron la creación de sociedades utilizadas para mover fondos fraudulentos.
El caso Argoz ha sido uno de los fraudes inmobiliarios más grandes en la historia del país. Con la recuperación de patrimonio y la legalización de escrituras, miles de familias logran finalmente consolidar un activo económico clave: la propiedad de sus terrenos.