Redacción Dinero.com.sv 
La sostenibilidad se ha convertido en un eje central del debate económico global. La transición verde y la adopción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ya no son una opción, sino una exigencia creciente para acceder a mercados, financiamiento y cadenas de valor. Sin embargo, un reciente informe advierte sobre un riesgo poco discutido: que estas nuevas reglas terminen excluyendo a quienes menos capacidad tienen para cumplirlas.
El estudio Renewed SME Agenda in the Context of Green and Just Transition, elaborado por Jana Krajcovicova y publicado en septiembre de 2025 para el Donor Committee for Enterprise Development (DCED), no cuestiona la urgencia de avanzar hacia economías más sostenibles. Su advertencia es otra: sin políticas diferenciadas, la agenda verde puede convertirse en una nueva barrera de acceso para las micro y pequeñas empresas (MYPE), especialmente en economías emergentes como El Salvador.
En el país, la MYPE ya enfrenta una compleja agenda pendiente: altos niveles de informalidad, baja productividad, limitado acceso al crédito y una fuerte exposición a la usura. En ese contexto, la incorporación de exigencias ambientales y sociales sin acompañamiento técnico ni gradualidad podría profundizar la exclusión.
La informalidad, el gran obstáculo
El principal freno para que la MYPE salvadoreña avance hacia la sostenibilidad es su elevada informalidad. Datos del Observatorio MYPE de FUSAI indican que cerca del 76 % del parque empresarial opera fuera de la formalidad. Esta condición no solo dificulta el cumplimiento de estándares ambientales, sino que bloquea el acceso a herramientas básicas para el desarrollo.
Uno de los impactos más directos es el acceso al financiamiento. Las líneas de crédito verde requieren trazabilidad y verificación del uso de los fondos, algo imposible para empresas que no cuentan con estados financieros ni documentación legal. Para la MYPE informal, la sostenibilidad se transforma así en una exigencia inalcanzable, incluso en el ámbito de las microfinanzas.
Esta exclusión empuja a miles de negocios hacia la usura. Según el informe El Estado de la MYPE 2025, el monto movilizado por este tipo de financiamiento supera los US$1,125.5 millones anuales, con tasas de interés que pueden alcanzar el 1,869 %. Bajo estas condiciones, invertir en eficiencia energética, reducción de emisiones o mejoras laborales resulta inviable.
La informalidad también margina a la MYPE de las cadenas de valor más rentables. Las empresas exportadoras y los compradores internacionales exigen a sus proveedores el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Sin facturación, contratos laborales o certificaciones, las MYPE quedan relegadas a mercados secundarios, con menores márgenes y mayor precariedad.
Una transición que debe ser justa
El informe del DCED plantea que la transición verde solo será viable si es inclusiva. La experiencia internacional muestra que imponer requisitos sin apoyo previo no genera sostenibilidad, sino exclusión. La clave está en combinar gradualidad, asistencia técnica y beneficios tangibles.
Para El Salvador, esto implica replantear el enfoque de la política pública hacia la MYPE. El primer paso debe ser una formalización progresiva, con mecanismos de registro simples y flexibles, adaptados a la realidad de los pequeños negocios. Más que exigir estándares de nivel exportador, el objetivo inicial debe ser la existencia legal que permita acceder a crédito, capacitación y mercados.
Otro eje central es el financiamiento. En lugar de productos diseñados para un “riesgo perfecto”, se requieren instrumentos que combinen crédito con asistencia técnica y educación financiera. El informe recomienda priorizar la capacidad de generar ingresos sostenibles —“primero los ingresos”— y utilizar el crédito como una herramienta productiva, no como un simple paliativo.
Finalmente, el apoyo debe ser sectorial y territorial. No todas las MYPE enfrentan los mismos desafíos ni requieren las mismas soluciones. Redes como los Centros de Desarrollo de la MYPE (CDMYPE) pueden jugar un papel clave en la adopción de prácticas sostenibles adaptadas a cada sector.
Sostenibilidad con inclusión
Para muchas empresas, la transición verde es el nuevo estándar de competitividad. Para la MYPE salvadoreña, especialmente la que está en proceso de formalización, el desafío es mayor. Integrar la agenda ambiental a la agenda de desarrollo social y económico no es solo deseable, sino necesario.
La sostenibilidad, coinciden los expertos, no puede construirse sobre la exclusión. Formalización, acceso al crédito y capacitación deben ser los pilares de una transición que sea verde, sí, pero también justa e incluyente.
