
El último día para que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto de presupuesto nacional 2026 ante la Asamblea Legislativa es el próximo 30 de septiembre, cumpliendo con los plazos legales establecidos en el país.
El año pasado, la principal novedad fue que la propuesta de presupuesto para 2025 se diseñó y aprobó por primera vez en décadas sin requerir préstamos, totalmente financiada con los ingresos nacionales.
La ley salvadoreña requiere que el Ministerio de Hacienda entregue el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de septiembre de cada año, permitiendo el análisis y debate necesario previo a su aprobación para el siguiente ejercicio fiscal.

Desempeño actual de la recaudación tributaria
Según los datos oficiales más recientes, los ingresos corrientes y contribuciones alcanzaron $5,132.4 millones al cierre de julio de 2025, un crecimiento del 8.1% respecto al mismo período de 2024. Los principales motores de este aumento han sido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con $2,215.6 millones (+9.1%), y el Impuesto sobre la Renta (ISR), que llegó a $2,255.2 millones (+6.9%).
Este dinamismo en la recaudación ha permitido superar en 0.5% las metas previstas para el año y respalda nuevas metas de sostenibilidad fiscal.

Contexto y expectativa para el presupuesto 2026
Con estos antecedentes y el buen desempeño tributario, la expectativa es que el anteproyecto de presupuesto 2026 se elabore bajo los mismos principios de autofinanciamiento, priorizando la inversión social y el manejo ordenado de las cuentas públicas.
El 30 de septiembre se convierte así en una fecha clave para conocer si la tendencia de disciplina fiscal continúa y cómo se concretan los compromisos asumidos en la reciente Ley de Sostenibilidad Fiscal, que busca consolidar la independencia financiera del país.

Histórica propuesta del presupuesto 2025
En 2024, la Asamblea destacó la presentación de un presupuesto sin brecha de financiamiento, es decir, cubierto en su totalidad por ingresos ordinarios del país. El plan de gastos para 2025 ascendió a $9,663 millones y se convirtió en un hito fiscal: El Salvador no recurrió a endeudamiento externo ni emisión de bonos para gasto corriente, lo que reforzó el compromiso de responsabilidad fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Esta decisión marcó un cambio en la política económica nacional, reflejando la meta de independencia financiera y disciplina en el uso de los recursos públicos.
