Leydin Sorto 
El ministro de Trabajo confirmó que el Gobierno avanza en un plan para enfrentar el fenómeno de la informalidad en El Salvador, un sector que, pese a estar fuera del marco legal, mueve cifras millonarias en la economía nacional.
Según un estudio de Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) de 2022 citado por el funcionario, sólo las actividades de prestamistas y usureros fuera de la ley alcanzaron cerca de US$617 millones en transacciones, lo que refleja la magnitud del dinero que circula sin controles fiscales ni garantías legales para los trabajadores.
El ministro explicó que la estrategia gubernamental cuenta con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que actualmente se trabaja en la estratificación de la informalidad. Esta clasificación diferencia entre quienes operan pequeños negocios de subsistencia y quienes, a pesar de realizar transacciones de miles de dólares diarios, permanecen en la informalidad para evadir responsabilidades tributarias y laborales.
“Hay personas que han vivido siempre en el mundo de la informalidad porque les ha ido bien, mueven mucho dinero en efectivo y realizan transacciones financieras diarias de gran volumen”, señaló.
El funcionario adelantó que en los próximos días se presentará al presidente de la República el primer informe con propuestas para atender el problema, con el respaldo de trabajadores y empleadores. Además, aseguró que se están estudiando experiencias internacionales que serán adaptadas a la realidad salvadoreña.
El Gobierno considera esta iniciativa como un tema transversal y estratégico, no solo por la necesidad de garantizar derechos laborales, sino también por el potencial recaudatorio y de estabilidad económica que implicaría integrar a la formalidad a quienes ya operan con altos niveles de capital en la economía informal.
