El documento expone la situación y tendencias sobre democracia, seguridad ciudadana, pobreza, desarrollo y la COVID-19 en la región, que evidencia una crisis democrática, política, económica y social en Centroamérica.

La democracia se ve limitada por leyes y políticas que los gobernantes impulsan para mantenerse en el poder, mientras que reprimen y persiguen a quienes se oponen a estas medidas, como en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En el periodo de monitoreo se evidencia la forma acelerada de la trasgresión del orden constitucional en El Salvador y se suma a gobiernos calificados como autoritarios. La cooptación de las instituciones del Estado, como los Tribunales Constitucionales, ha generado condiciones por medio de resoluciones para la inobservancia de la alternancia en el poder como en Nicaragua (2009); Honduras (2015) y en El Salvador (2021).

Se busca un rediseño del ordenamiento jurídico orientado a criminalizar organizaciones de la sociedad civil, creando figuras delictivas, investigando organizaciones sin causa justificada y evadiendo las garantías fundamentales del debido proceso; o aprobando leyes como: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua (2020), la Ley de ONG´S en Guatemala (2021) y la actual propuesta normativa en la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El deterioro de la democracia ha provocado la existencia de altos niveles de violencia, delincuencia, pobreza y migración. Los Estados no orientan sus políticas a reducir las brechas históricas de desigualdad económica, política, social y de género.

La libertad de expresión, información, circulación y manifestación se ve reprimida, principalmente para periodistas, comunicadores, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La situación es más evidente en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Por ejemplo, en Nicaragua con los allanamientos y cierres de más de 50 organizaciones; y más recientemente el allanamiento a siete organizaciones de la sociedad civil el día de ayer en El Salvador.

En la región no se garantiza la seguridad a la población y la reducción de los niveles de violencia, principalmente en la subregión norte de Centroamérica, que continúa siendo la más violenta respecto a Panamá, Nicaragua y Costa Rica; siendo Honduras el más violento. El Salvador y Guatemala han reducido las cifras oficiales de muertes violentas por factores distintas a medidas gubernamentales sostenibles. Por otra parte, en Centroamérica destaca la violencia institucional y corrupción.

Los megaproyectos de inversión siguen generando conflictividad. Deterioro de las formas culturales de desarrollo de las comunidades, afectando sitios sagrados, tierras y territorios de pueblos indígenas, y represión de activistas sociales, entre otras afectaciones. Como ejemplo de ello lo que sucede en El Salvador con la construcción de la octava represa sobre el río Sensunapán en el occidente del país; En Panamá, se continúa con la represión contra el pueblo Ngöbe Buglé por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en Chiriquí; las concesiones en áreas protegidas de Nicaragua; el privilegio al poder económico con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) en Honduras; y en Guatemala con la extracción minera en detrimento de los derechos ambientales.

El Equipo Regional condena las acciones orientadas al debilitamiento de la institucionalidad y democracia, la no garantía de los derechos humanos de la población en general y de personas en condición de vulnerabilidad como mujeres, pueblos indígenas, población LGBTIQ+, niñez, entre otros. Por lo que demandamos el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos, y el cumplimiento de las normas internacionales que los reconocen.

Organizaciones miembros del Equipo Regional: Centro de Desarrollo Humano (CDH), de Honduras. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), de Honduras. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA). Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador. Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala. Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).