Actualmente, estas entidades no están siendo supervisadas ni por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ni por el Banco Central de Reserva (BCR).

Para ejercer un mayor control sobre estas, el presidente del BCR propone tres anteproyectos de ley: Ley de Bancos Cooperativos, Ley de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.

Cada ley abarcaría un sector específico: depósitos y aportaciones inferiores a US$10 millones de dólares, de US$10 millones a US$30 millones, y mayores a US$30 millones. En esta última categoría entran 48 sociedades y cooperativas de ahorro y crédito que tienen activos totales por US$2,039 millones, un patrimonio de US$415 millones y depósitos por US$1,157 millones a diciembre del 2020.

El grupo de entidades que maneja mayor cantidad de activos sería regulado a corto plazo y con los demás se hará de manera paulatina.

Entre los beneficios para la población de incorporarlos a una regulación formal se encuentra la confianza en que sus depósitos estén seguros, una mayor competencia que permite menores tasas de interés a los clientes y mayor confianza para los usuarios.

Además, garantizará un servicio transparente, confiable y ágil, que contribuirá al desarrollo del país; habrá una mayor divulgación de información a los usuarios y se fortalecerá el marco legal al contar con una normativa que regule y supervise a las entidades que actualmente no están bajo la SSF.