Este aval es con el objetivo de dignificar a los trabajadores del área gubernamental con políticas y leyes que busquen un bien común. Así, el objetivo es proporcionar licencias por enfermedad con goce de salario desde el primer día de contrato.

El análisis para reformar el artículo 8 de la ley incluyó los aportes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Ministerio de Hacienda, quienes manifestaron la viabilidad de la iniciativa.

“Significa que tenemos oportunidad de generarle condiciones adecuadas a los empleados. El Estado está en capacidad de absorber este servicio de los trabajadores que no han cumplido los seis meses”, remarcó el presidente de la comisión, Edgardo Mulato.

Actualmente, los empleados de instituciones públicas no gozan de una licencia médica remunerada por incapacidad si no han cumplido seis meses de trabajo, o si están en periodo de prueba para optar por una plaza.

Ante esto, los legisladores pretenden respaldar el bolsillo de los empleados estatales, pues a ellos se les descuenta el salario durante los días que han estado inhabilitados para cumplir con sus funciones, tras sufrir alguna enfermedad o algún accidente que genera una incapacidad.

Esto es todo lo contrario a lo que ocurre con los empleados privados, de acuerdo al reglamento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), quienes sí gozan de licencias remuneradas.

La propuesta de redacción del artículo 8 que pasará a votación en el pleno es la siguiente: “Los empleados de la administración pública, comprendidos en la presente ley, desde su contratación gozarán de licencia con goce de sueldo por incapacidad en casos de enfermedades, accidentes comunes, maternidad y riesgos profesionales, devengando la remuneración que les asigna su tipo de contrato y la normativa emitida para tales efectos por el Ministerio de Hacienda”.

Se estima que la planilla de las instituciones de Gobierno, incluyendo las autónomas, la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y Fiscalía General de la República (FGR) es de 897 mil empleados.