Entre enero y abril, se han realizado más de 11,300 inspecciones en diferentes agentes de la cadena de suministro de alimentos, para establecer o descartar prácticas abusivas y, en su defecto denunciarlas ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.

Asimismo, expresó que, como parte del seguimiento que se está dando a las medidas anticrisis implementadas desde marzo del año pasado por parte del Gobierno Central el Tribunal Sancionador da seguimiento a 118 procesos en contra de igual número de proveedores denunciados por incremento injustificado de precios y obstaculizar investigaciones de la Defensoría.

Adicionalmente, indicó que dicha instancia ha sancionado a 49 empresas con multas que en conjunto suman más de US$156,000, luego de comprobar las infracciones relacionadas con el incremento injustificado de precios y obstaculizar las investigaciones de los equipos de la Defensoría.

Este martes, una de las empresas inspeccionadas fue la planta de almacenaje y distribución de Arrocera San Francisco, en San Marcos, al sur de San Salvador, en la que se confirmó que por el momento se descarta cualquier riesgo de desabastecimiento de frijoles, arroz y maíz.

Las inspecciones y auditorías han sido activadas en articulación con el Ministerio de Hacienda, para “garantizar precios justos al consumidor y evitar abusos de las empresas que hacen uso de la exoneración de impuestos a la importación”, detalló Salazar, quien añadió que se mantendrán y ampliarán a otros proveedores, por el tiempo que sea necesario para “evitar abusos en contra de nuestra población”.