La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), será la entidad encargada de administrar este proyecto. Un equipo técnico de la institución asistió a la sesión de trabajo de la comisión para explicar sobre la ejecución del mismo.

Este aeropuerto será construido en el Oriente del país, específicamente en el departamento de La Unión, y se prevé la generación de empleos y el desarrollo económico y turístico de la zona.

En su primer año de operaciones se estima la movilización de 80 mil pasajeros, con 1,700 posibles operaciones aeronáuticas (tráfico aéreo); en su décimo año, un millón de pasajeros con 17,900 operaciones aeronáuticas; y en su año 25, tres millones de pasajeros (similar a la cantidad que se mueven en el aeropuerto de Comalapa), con 44,400 operaciones aeronáuticas.

“El Estado deberá generar crecimiento económico y turístico para generar el crecimiento de forma acelerada. Este no es un tema exclusivo de CEPA, se van a involucrar a otras instancias como el Ministerio de Turismo, PROESA y la Secretaría de Comercio, para atraer inversionistas que desarrollen oferta turística en la zona oriental”, dijo el representante de CEPA, Carlos Salazar.

En 2019 se le encargó a CEPA el estudio de factibilidad para la construcción del aeropuerto, y para su elaboración se contó con el apoyo del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) del Ministerio de Hacienda.

En 2020 CEPA contrató al consorcio internacional PEYCO-ALBEN 4000, de origen español y colombiano, quienes desarrollan, actualmente, el estudio de factibilidad.

Este estudio conlleva cinco productos principales, entre ellos la presentación el plan de trabajo para el desarrollo y ejecución del estudio de factibilidad, desarrollo de estudio de mercado, infraestructura aeroportuaria y aspectos legales (incluye el impacto medioambiental, social y estudio catastral), estudio económico y financiero e informe final del estudio de factibilidad.

El proceso de licitación del aeropuerto no se hará bajo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), sino que los procesos de compra estarán regidos por los lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, las compras que se hagan en el marco del proyecto estarán exentas de impuestos, y durante 25 años se exonerará el impuesto sobre la renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuestos municipales para las empresas que participen y las que operen el proyecto una vez que esté listo.

Estos son parte de los incentivos fiscales que se busca establecer para crear un clima ideal para el desarrollo económico en torno a este proyecto.

Además, la Corte de Cuentas de la República (CCR) ejercerá vigilancia mediante la ejecución de auditorías para generar transparencia en los procesos de compra.

El aeropuerto contará con 10 mil metros de pista de vuelo y, en su primera etapa, se construirán seis puentes de abordaje para pasajeros, convirtiéndolo en un destino aeroportuario con los mejores estándares internacionales.