Dichos fondos le permitirán al Ministerio de Obras Públicas hacer 12 intervenciones (un total de 300 kilómetros) en la red vial nacional no pavimentada terciaria y rural de diferentes departamentos, entre ellos Chalatenango, La Unión, San Vicente, Usulután y Santa Ana, según explicó a los parlamentarios Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Por unanimidad, los legisladores votaron a favor de la iniciativa, ya que coincidieron en que la ejecución de este proyecto contribuirá a mejorar la circulación en la red vial no pavimentada, aumentará la actividad económica y generará oportunidades de empleo a la población.

El plazo para el pago del préstamo es de 25 años, a partir de la fecha de suscripción, con un periodo de cinco años de gracia y la primera cuota se pagará en 66 meses.

“Cuando hablamos de mejorar caminos rurales no solo piensen en asfaltar una calle, piensen en la vida cotidiana de nuestra gente. Les toca salir de sus casas con un huacal a tirar un poco de agua para que no se les meta el polvo cuando pasa un carro, o en el invierno cuando los niños tienen que ir saltando de piedra en piedra para no mancharse los zapatos”, reflexionó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano.

En otro tema, la mesa legislativa también elaboró un dictamen favorable para autorizar al Gobierno a realizar la primera modificación al contrato de préstamo No. 2253, por un monto de $250 millones, denominado Operación de Políticas de Desarrollo (OPD) para apoyar Acciones de Política Pública. Dicho cambio fue suscrito por el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, y un representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la comisión se expuso que, el pasado 10 de octubre, el ministerio y la entidad financiera acordaron hacer cambios en las secciones en las que se establece el monto y tipo de recursos, el plazo y los periodos de gracia, el interés, las comisiones y otros cargos.

De esta manera, el dictamen avalado indica que para mejorar las condiciones financieras del crédito a favor de El Salvador— se sustituye el contenido de la Sección 3.01 del contrato con el propósito de que el monto total del préstamo se desagregue así: hasta $235 millones provenientes de recursos ordinarios del BCIE y hasta $15 millones provenientes de recursos externos de la República de Corea, los cuales han sido canalizados por el organismo multinacional. 

En el primer crédito se mantendrán las condiciones iniciales, pero para el segundo se establece un plazo de pago de hasta 30 años, con un periodo de gracia de 10 años y una tasa de interés fija 2.3 % anual.

“El BCIE ha ofrecido buenas condiciones financieras para el país, a través de una facilidad de crédito. Son mejores condiciones para una porción del préstamo: por $15 millones que provienen de la República de Corea”, expresó el delegado de Hacienda a los parlamentarios.