Este año, que está por finalizar, el Sistema Nacional de Vivienda dio soluciones habitacionales que respondieron a necesidades históricas como el caso de las víctimas y familiares de sobrevivientes de la masacre en El Mozote y sitios aledaños, finca La Bretaña, colonia Emanuel en Santa Ana y sector de veteranos y excombatientes.  Las familias que recibieron la ayuda esperaron, como mínimo, 10 años para que se hicieran valer sus derechos.

En el caso de las obras para los afectados por la masacre de 1981, el Sistema Nacional ha favorecido a 237 familias con la entrega de viviendas adecuadas que tienen conexión a los servicios básicos y con la distribución de contribuciones para construir o para mejorar su casa.  Son más de US$2 millones en inversión que se han ejecutado hasta este año.

Este acontecimiento tiene un peso simbólico, porque ni siquiera el partido que vendió ideas de izquierda supo reivindicar los derechos de estas personas; en cambio, el Gobierno Central incluso ha ido más allá de lo que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De igual manera, las escrituras que recibieron las 394 familias de la colonia Emanuel, en Santa Ana pusieron fin a una espera de 15 años.  Con sus documentos de propiedad, tienen garantizado el acceso a energía o agua potable, por ejemplo, entre otras ventajas de lograr una regularización.

El Sistema Nacional de Vivienda logró materializar otros cambios destacados en 2022, como la conformación de la mesa interinstitucional para encontrar una salida a los problemas de estafa que enfrentaron más de 300,000 familias en la compra de propiedades, el inicio del primer proyecto habitacional que se podrá financiar con Bitcoin y la recuperación de la función habitacional en el Centro Histórico.

El Sistema Nacional ha dado protección a 30,000 familias con escrituras, construcciones, contribuciones, financiamiento y otras actividades, por una inversión de US$564 millones, Para 2023, la meta es ejecutar US$21.99 millones para seguir.