Se espera que la mejora de los términos de intercambio contribuya a reducir el déficit de cuenta corriente este año, aunque seguirá siendo elevado (5.4 por ciento del PIB), y la política fiscal será expansiva. En un escenario base sin acceso al mercado, se prevé un aumento de la deuda pública de corto plazo, impidiendo el restablecimiento de colchones de reservas adecuados.

Esto lo explicó durante la misión país encabezada por el Sr. Raphael Espinoza, mantuvo discusiones virtuales durante los días 26 y 27 de enero, y visitó San Salvador del 30 de enero al 8 de febrero para la realización de la consulta del Artículo IV de 2023. Al final de la visita, la misión emitió la siguiente declaración: Evolución económica, perspectivas y riesgos.

Las políticas para reforzar el crecimiento a mediano plazo son piezas claves del plan económico del gobierno. Se están implementando reformas para subir el crecimiento potencial dirigidas a la mejora de la seguridad (Plan Control Territorial), la diversificación de la economía (por ejemplo, mediante la promoción del turismo a través de Surf City), la reducción de los costos del comercio y la disminución del tiempo necesario para realizar trámites administrativos.

El gasto en educación ha aumentado (de 3.6 a 5.0 por ciento del PIB entre 2019 y 2022) y se están realizando esfuerzos para desarrollar las habilidades digitales de los ciudadanos mediante la asociación con empresas Fintech. El efecto positivo y sostenible de estas reformas depende de los esfuerzos para reforzar la estabilidad macroeconómica.

En este contexto, los riesgos para las perspectivas son elevados y se inclinan hacia la baja. Por el frente externo, una desaceleración marcada en Estados Unidos podría perjudicar las exportaciones y las remesas, especialmente si se ralentiza el mercado laboral estadounidense. Una caída de los flujos de capital privados netos podría forzar a una mayor corrección de la cuenta corriente, con implicaciones negativas para el crecimiento.

En el plano interno, las desviaciones sobre las políticas públicas podrían debilitar la confianza de los inversores y choques de liquidez podrían frenar el crédito al sector privado y el crecimiento. No pueden descartarse choques debidos al cambio climático y a otras catástrofes naturales.

En el plano al alza, la mejora de la situación de seguridad podría dar un impulso mayor de lo previsto a la inversión privada y al crecimiento, reducir la emigración y fomentar el retorno de migrantes.

Política Fiscal

El desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducir la deuda a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales, es la máxima prioridad. La deuda pública ha descendido hasta el 77 por ciento del PIB en 2022, pero sigue siendo elevada y se encuentra en una senda insostenible. Deberían continuar los esfuerzos para lograr su sostenibilidad en el mediano plazo.

En este contexto, es necesaria una consolidación fiscal inclusiva y favorable al crecimiento, respaldada por medidas estructuralmente sólidas que asciendan a alrededor de 3½ por ciento del PIB en los próximos tres años, que impulse la confianza del mercado y proteja el gasto prioritario en lo social y en infraestructuras. La consolidación debería complementarse con un plan de financiación completo que gradualmente restablezca los colchones de reserva, evite la dependencia excesiva en la deuda interna de corto plazo y vuelva a los mercados de capitales internacionales a costos menores en el mediano plazo.

A partir de este año, es necesario redoblar los esfuerzos para desarrollar un conjunto equilibrado y bien articulado de medidas que apoyen la consolidación. Si bien el presupuesto aprobado para 2023 mantiene el gasto primario sin cambios en términos reales, es necesario un mayor esfuerzo para afrontar las limitantes al financiamiento, en el contexto de una disminución prevista de los ingresos.