El Equipo de Defensa de Enrique Rais ha informado, en reiteradas ocasiones, que el empresario ha sido víctima de una persecución penal comprobada, a la luz del Derecho Internacional y que las Naciones Unidas y las autoridades suizas determinaron la inocencia del empresario salvadoreño, apoyado en que, en primer lugar, el Fiscal Federal de Suiza confirmó el ex Fiscal Douglas Meléndez no presentó pruebas fehacientes contra Rais, por lo que desestimaron la denuncia de Fiscalía salvadoreña.
Asimismo, concluyeron que después de tres años de investigación, la denuncia de los canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, no tuvo fundamentos de prueba fidedignas. Además, los relatos y pruebas determinaron que el ex abogado de Enrique Rais, habría entregado documentos de las empresas a los canadienses, con los que pretendieron acusarlo por lavado de dinero y estafa.
Por su parte, las autoridades comprobaron que el dinero depositado en cuentas de bancos suizos, por parte de Rais, eran de legítima obtención legal y obtuvieron registros oficiales y pruebas de que los ingresos financieros fueron declarados al Ministerio de Hacienda, para el pago de los impuestos correspondientes.
Las indagaciones del caso, también apuntaron a que el intento de doble Persecución lo hicieron con la complicidad de ex fiscal, Douglas Meléndez, quien ya fue acusado penalmente, al igual que a Mario Calderón.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de ONU al igual que el gobierno suizo concluyeron que Fiscalía utilizó testigos sin rostros y testigos todos ellos de su propia fiscalía para fabricar pruebas falsas.
Los abogados defensores de Rais han exigido a las autoridades transparencia en las gestiones del Estado y la indagación en acusaciones y aseveraciones públicas que descontextualizan la realidad de los propios hechos.
Como resultado de años de trabajo en la defensa del empresario suizo-salvadoreño, el Estado suizo emitió una resolución definitiva donde lo sobresee y ordena el pago de una indemnización (por parte del estado), por los daños causados a su imagen, moral y los estragos financieros en sus empresas; concluyendo que no cometió ninguno de los delitos señalados.
“Quiero decir que, como Gobierno de la República, nosotros ya cumplimos, el cumplimiento era enviar de forma pública a las instancias de este país la resolución de la ONU y nuestra canciller ya lo hizo, ahora si el Órgano Judicial no le da cumplimiento será el Órgano Judicial el que enfrentara las repercusiones internacionales por esta resolución”, agregó, el ministro de Trabajo.