El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, presentó y expusó en conversación con este medio, la mencionada resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual manifiesta y viene a reiterar lo previamente decidido por Naciones Unidas, que, al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, detalla escuchas ilegales, en las que no existió autorización judicial para intervenir las comunicaciones del Sr. Rais.

De acuerdo a Miranda Rubio, la denuncia por violación de derechos humanos en perjuicio del Sr. Rais, fue interpuesta ante PDDH, el día 12 de octubre de 2016, contra las actuaciones ilegales cometidas por la Fiscalía General de la República, en ese momento dirigida por el Exfiscal General Douglas Meléndez, las cuales fueron materializadas por medio de los ExDirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfredo Campos Crespo; y por el Exjefe y fiscales de la Unidad de Crimen Organizado.

La PDDH decide acatar la resolución de Naciones Unidas a favor de Enrique Rais, en la resolución la cual tiene fecha 28 de junio de 2021, pero que fue notificada el pasado viernes 15 de los Corrientes, la PDDH es categórica en afirmar que:

“A la luz de la teoría de los derechos humanos -que va más allá de lo estrictamente legal-, se puede concluir que, en el proceso penal, promovido en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López… ha existido la violación a los derechos humanos denunciada por sus Apoderados Generales Judiciales por haberse utilizado prueba -en contra de los imputados- que debió haberse destruido, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.”

Con esta decisión la PDDH contribuye a la orden emitida por Naciones Unidas, en el sentido que para reparar las violaciones sufridas por el Sr. Rais, en sus derechos humanos por lo que es fundamental que El Salvador adopte las medidas necesarias para remediar la situación del empresario, sin dilación alguna y ponerla de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.