Ello demanda acción consciente y consistente para reducir y eliminar las brechas de participación y acceso al poder entre mujeres y hombres, brechas en las que las diferentes manifestaciones de violencia en razón de género juegan un papel central.

El Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) ha venido trabajando para potenciar la democracia e igualdad de género incluyendo acciones para identificar, evidenciar y reducir la violencia que enfrentan las mujeres políticamente expuestas.

En El Salvador, NDI ha realizado la investigación sobre una modalidad de violencia que enfrentan las mujeres: la violencia contra las mujeres en la política.

Según la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), esta modalidad de violencia es definida como las acciones u omisiones, realizadas de forma directa o indirecta, por razón de género, que causen daño individual o colectivo, y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y civiles, en cualquier ámbito de la vida política.

El desafío continúa siendo grande. En ese sentido, para apoyar y fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales y de los partidos políticos, NDI presenta el estudio: “Violencia contra las mujeres en la política: investigación en partidos políticos de El Salvador” y lanza la campaña #NoEsElCosto Alto a la violencia política contra las mujeres.

La campaña inicia 25 días de activismo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para hacer un llamado a los tomadores de decisiones para mejorar las regulaciones que prevengan y sancionen - cuando corresponda - la violencia política contra las mujeres; asimismo, busca que los medios de comunicación tomen conciencia y no reproduzcan estereotipos y actos de violencia política contra las mujeres, y que la sociedad civil refuerce sus iniciativas de prevención, erradicación y sanción de la violencia política contra las mujeres.

El estudio es una herramienta de referencia para que las diferentes instituciones del Estado implicadas, los partidos políticos y la sociedad en general, adopten, con la debida diligencia, medidas para respetar, proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación para las mujeres en el ámbito político, y para contribuir en alcanzar una democracia paritaria. 

La investigación explora las causas, la naturaleza y el impacto de la violencia contra las mujeres en el ámbito mencionado. Realiza una indagación cualitativa con personas claves en cinco partidos políticos que colaboraron con el estudio y grupos focales solo con mujeres de estos.

Además, se realizaron entrevistas y encuestas a líderes dentro de dichas instituciones. aborda las vías de protección jurídica: la penal y la administrativa sancionadora; analiza los estatutos de los partidos en relación con la promoción de la participación política y a la existencia o no de mecanismos para su prevención, tratamiento y sanción; e identifica obstáculos que perpetúan la discriminación y desigualdad en la vida política. 

En general, refleja que las mujeres en política son violentadas debido a su género, aspecto, edad, experiencia o cargo. Son vistas como objetos sexuales y/o como amenazas para los hombres. Un aspecto crítico es que esta violencia no sólo atenta contra los derechos individuales de las mujeres, sino que también genera un efecto en el que desisten de su participación en la vida política.

La dinámica genera un círculo vicioso en el que un acto específico a una mujer es un mensaje multiplicador y aleccionador para el resto y muchas salvaguardan sus vidas y las de su familia alejándose de la política.

Esto representa un desafío para instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Ministerio Público y los mismos partidos políticos. Hallazgos Las acciones de discriminación incluyen exigencias de belleza basados en estereotipos de género.

La comunidad LGBTIQ+ encuentra aún mayores obstáculos. Pocos partidos incorporan la representación de sus intereses y necesidades. Por otra parte, hay una brecha amplia entre la vida reproductiva y productiva.

Las mujeres han ganado terreno en el espacio público en la medida que se han incorporado más a la fuerza de trabajo, pero suelen destinar muchas más horas de trabajo no remunerado que los hombres, y conciliar la vida familiar y laboral, adicional a la política, implica un doble o triple esfuerzo que no suelen enfrentar los hombres. 

Otro obstáculo señalado refiere a la baja formación, una brecha educativa que suele ser más desventajosa para las mujeres, a lo que se suma una brecha de financiamiento. Suele haber dinero para los candidatos hombres, pero no para las mujeres. 

Manifestaciones de violencia dentro de los partidos La mayoría de las mujeres identificó la existencia de violencia dentro de los partidos. Pero, al mismo tiempo, muchas acciones son naturalizadas o consideradas como “normales” de la vida política.

Cuando no y si son denunciadas, suelen quedar a nivel de ofensas o conductas de indisciplina.  En algunos casos, se responsabiliza a las víctimas. En cuanto a los agresores, no siempre son identificados.

Sin embargo, en general se ubican hombres, miembros de otros partidos, compañeros del instituto político y, en mínima medida, otras mujeres. Tres tipos de violencia por razones de género aparecen más frecuentes en el ámbito político: la psicológica, la sexual y la física.

La primera incluye amenazas, descalificaciones, divulgación de información personal e íntima, entre otras.  En la sexual, lo más común tiene que ver con mensajes de forma personal o en redes sociales, miradas lascivas, comentarios explícitos, opiniones sobre su cuerpo o vida sexual y solicitudes de favores sexuales, incluidos la promoción de actos con menores de edad.

Y por último, la LEIV define la violencia física como toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer.

De los partidos analizados, son pocos los que cuentan con normativa específica que garantice de forma activa la participación de las mujeres en todos los niveles de la estructura partidaria y de la vida política, aunque algunos cuentan con prohibiciones específicas de ciertos tipos de violencia. Sin embargo, existe una percepción  generalizada de falta de mecanismos para la aplicación transparente de los procesos sancionatorios. Recomendaciones varias A partidos políticos:

• Promover liderazgos femeninos con una visión de enfoque de género.
• Implementar medidas de armonización de la vida familiar y política.
• Realizar planes de prevención y de capacitación, entre otros.
• Mecanismos internos para atender casos relacionados a la violencia política contra las mujeres, como parte del régimen disciplinario y las normas de conducta entre las personas afiliadas. A las instituciones del Estado:
• TSE ○ Elaborar e implementar un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política que presenten denuncias. ○ Recopilar y poner a disposición información sobre casos de violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral.
• ISDEMU ○ Elaborar un protocolo de actuación y coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones competentes, para brindar la atención adecuada y oportuna a las mujeres víctimas de violencia política. ○ Crear un programa comunicacional permanente que impulse campañas de incidencia sobre el respeto al derecho de participación de la mujer en la vida política, y que busquen la sensibilización y prevención de la violencia política.
• Asamblea Legislativa ○ Reformar la Ley de Partidos Políticos estableciendo la paridad en la participación de las mujeres ○ Reformas al Código Electoral en el aspecto sancionatorio, donde se reconozca como un supuesto de sanción administrativa los hechos de violencia política contra las mujeres. A la sociedad civil:
• Promover foros en los que las mujeres sean protagonistas.
• Monitorear el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la política. A los medios de comunicación:
• Crear lineamientos para un abordaje de hechos de violencia contra las mujeres en el ámbito político, así como capacitar para resguardar derechos de las víctimas, y para evitar la victimización terciaria. Algunas conclusiones del informe
• Muy pocas mujeres logran cargos directivos en la política.
• Hay división sexual del trabajo: las mujeres se encargan principalmente de logística y aspectos administrativos. Además, existe percepción que las ubican para solo cumplir con la cuota de género.
• Se triplica su trabajo, pues suelen seguir siendo las que más realizan trabajo no remunerado (hogar).
• Suele haber menos recursos económicos para las mujeres y sus campañas.
• Existe una naturalización de la violencia política contra la mujer y se considera el precio a pagar por estar en política.
• El tipo de manifestación más frecuente de la violencia sexual es el acoso.
• Los victimarios no solo son de partidos políticos opuestos y muchos están en el anonimato. Incluyen, en ocasiones, hasta familiares.
• Existen aún limitaciones para el abordaje integral de los hechos de violencia contra las mujeres dentro de los partidos políticos