En este caso el interés solo deberá aplicarse al capital que el cliente recibe en concepto de préstamo.

La diputada, Aronette Mencía, expresó que en la Comisión Financiera establecieron nuevas normativas sólidas y sin ningún margen que permita la violación de los derechos financieros.

Otra enmienda es la prohibición de penalidad por pago anticipado de préstamo, es decir que los usuarios de los servicios financieros podrán cancelar anticipadamente, en cualquier fecha previa a la establecida en el contrato, el monto mensual acordado o mayor a este para abonar más a capital, sin pagar penalidad por ello en el siguiente cobro.

Asimismo, se establecen segmentos de crédito para la fijación de tasas máximas de interés, ya sea de acreedor supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), o no supervisado por esta entidad.

Se han determinado cuatro categorías, entre ellas, crédito de consumo para personas naturales con orden de descuento o cargo a cuenta, y sin orden de descuento; además, préstamos otorgados a través de tarjetas de crédito, créditos para vivienda y crédito para empresa.

La parlamentaria, detalló que los salvadoreños podrán poner sus denuncias a las entidades financieras correspondientes como: la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), y Defensoría del Consumidor (DC).

Estas faltas a la ley serán penalizadas con multas desde los 300 hasta los 1,000 salarios mínimos para los acreedores supervisados, y desde los 100 hasta los 500 para los no supervisados. Por daños colectivos se cobrará desde 500 hasta 2,000 salarios mínimos.

Reformas al Código Civil y Código de Comercio

Las enmiendas al Código Civil (contratos civiles) y al Código de Comercio (contratos mercantiles) contemplan el cobro de intereses usurarios vía judicial, y establecen que, en caso de sentencia condenatoria, para calcular el pago que el cliente debe hacer, el juez tomará como base la tasa máxima legal publicada por el BCR, vigente al momento de la celebración del contrato.

El total a pagar por el cliente será la suma prestada más los intereses devengados, mientras que los intereses excesivos serán devueltos como indemnización a la persona afectada con tal abuso.