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Además, Goldfajn indicó al medio internacional que hay aspectos fiscales, de gobernabilidad, y el Bitcoin como moneda de curso legal, que son temas ”bastante desafiantes en este momento”, y están afectando el cierre de un acuerdo.
El Salvador y el FMI confirmó las negociación de un programa de financiamiento de hasta US$1,300 millones en marzo de 2021 y se esperaba que estuviera listo en el primer semestre de ese año.
Sin embargo, el proceso se retrasó cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
El último retroceso lo causó el Bitcoin, un activo digital que el 7 de septiembre del 2021 entró como moneda de curso legal en el país, y que ha sido fuertemente cuestionado por la entidad internacional.
En un informe publicado a inicios del año, el FMI señaló que aumentar la deuda pública para invertir en Bitcoin y sincronizar con el mercado para adquirir la criptomoneda, no era “una solución permanente para aliviar las restricciones financieras”.