Según la institución esta mesa tiene la peculiaridad que analiza detenidamente cada caso; hasta el momento han resuelto a favor de 2,200 familias, esto significa un beneficio para más de 10 mil salvadoreños, recuperando US$5.4 millones en patrimonio de quienes lo necesitan.

Las víctimas de dichos engaños habían pagado a las empresas con el objetivo de tener, al final del proyecto, casa o vivienda propias. Pero no recibieron aquello por lo que habían invertido, de manera que el Gobierno les está ayudando para que los culpables respondan.

Además, recalcan que son los desarrolladores parcelarios, es decir, quienes vendieron los lotes quienes tienen que realizar el proceso de legalización, ya que son terrenos privados.

De acuerdo con la DC, por ahora se han hecho cargo de 288 casos, en diferentes partes del país.

En el caso de que las lotificadoras o los desarrolladores no acudan de manera voluntaria, el Estado activará mecanismos dentro del marco legal para que cumplan su responsabilidad con las familias.

El Sistema Nacional de Vivienda también facilita la gestión de escrituras en casos que no necesariamente son de la mesa interinstitucional, por ejemplo, para familias que habitan en los terrenos de la línea férrea, en comunidades dentro de la Finca Bretaña o en la comunidad Schafick Hándal, de Suchitoto.